Las últimas horas han estado marcadas por los llamados de parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición para que el Gobierno remueva de su cargo al administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.
Las críticas a su labor comenzaron en agosto de 2015, luego que en el marco de las indagatorias del Caso Caval se conociera que la unidad de informática -que depende de él- había visado el borrado de los archivos del computador de Sebastián Dávalos en La Moneda. Desde entonces una serie de cuestionamientos fueron conformando una bola de nieve que esta semana suma un nuevo episodio: los millonarios contratos suscritos entre el Estado y dos empresas fundadas por el ingeniero.
Según Ciper Chile Greentec y Comercial A y R recibieron pagos por $417 millones entre 2013 y 2015. Si bien el funcionario de Gobierno se desprendió de su participación en las firmas, ubicó a personas de confianza. Con todo, el medio de investigación periodística reveló órdenes de compra emitidas a su nombre con posterioridad a los traspasos y que una de las sociedades figura con su residencia como dirección comercial.
"Esto es insostenible. Cada día que pasa es un día de mayor costo político para el Gobierno”, dijo el diputado Juan Luis Castro, mientras que su par DC Gabriel Silber planteó que "nadie entiende su permanencia casi caprichosa en el Gobierno". "Esta persona no puede seguir trabajando en La Moneda", manifestó el UDI Felipe Ward, quien no descartó la posibilidad de solicitar una comisión investigadora para indagar los contratos.
Tras enterarse por la prensa de los antecedentes el ministro (s) de Salud, Jaime Burrows, anunció que instruyó a la Subsecretaría de Redes "hacer un levantamiento de la información respecto de esos contratos, si se ha cumplido con la ley de compras o no".
Por su parte el ministro de Interior, Jorge Burgos, expresó: "Yo tengo una opinión sobre eso y la opinión se la voy a dar a la Presidenta de la República cuando vuelva, que ya está pronto, de su periodo legal de vacaciones".
Riquelme no es cualquier funcionario. El ingeniero es uno de los pocos miembros de la G-90 que sigue en el Gobierno tras la salida de su referente, el ex ministro de Interior Rodrigo Peñailillo (ver infografía).
El administrador ha desempeñado este cargo durante las dos administraciones de Bachelet, donde ha tenido que gestionar millonarios recursos, autorizar viáticos, entrega de automóviles y computadores. Es además uno de los funcionarios mejor pagados en La Moneda, con una remuneración bruta mensual de $7.765.741.
En tanto, durante 2013 estuvo a cargo Somae, firma creada para gestionar los recursos de la campaña presidencial.
Pese a esto los parlamentarios apuntan a que este nuevo impasse termine por sellar su salida, luego de una escalada de cuestionamientos.
Este es el recuento de los otros flancos que ha enfrentado Riquelme.
El formateo del computador de Dávalos
En agosto de 2015 se conoció un peritaje de Carabineros que reveló que al computador de Dávalos se le había borrado información.
La primera reacción del Gobierno fue señalar que los datos se habían borrado de acuerdo a un “protocolo”, versión que fue refutada por el jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, quien afirmó ante la Comisión Investigadora del Caso Caval que el procedimiento se había formateado a solicitud del hijo de la Presidenta.
Tras conocerse la versión de Escalona el ministro reconoció un "error", aseverando que recibió “información incompleta" por parte de Riquelme.
En esa misma sesión, el administrador de La Moneda fue consultado por el impasse: dijo que se encontraba de vacaciones cuando se eliminaron los archivos. Con todo, explicó que se trataba de un formateo simple, por lo que los archivos podían ser recuperados, y que el equipo se había almacenado en el data center de Palacio para “garantizar” su seguridad.
A fines de octubre la PDI pudo recuperar toda la información, donde se encontraron alertas de Google sobre el caso Caval.
Críticas por recibir a Juan Díaz en La Moneda
Un segundo foco de cuestionamientos se originó luego que el ex administrador municipal de Joaquín Lavín, Patricio Cordero, detallara ante la fiscalía que el gestor inmobiliario Juan Díaz había sido recibido en La Moneda por Riquelme.
Según trascendió, la idea era pedirle que intercediera ante la Presidenta para que Compagnon cancelara dineros que supuestamente le debía.
"Creo que cometí una imprudencia al haberlo recibido en el Palacio de Gobierno. Y aunque no lo crean, aunque suene inverosímil, yo no sabía de la vinculación de Juan Díaz (con el caso). Si no, no lo hubiera recibido", dijo Riquelme ante la Comisión Caval.
Un hecho que fue criticado por la Comisión investigadora del Caso Caval en cuyo informe aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados califica su actuar de “imprudente” y estimó como “inadecuada” su permanencia en el cargo.
Por otro lado, el informe hace presente que “hasta hoy el gobierno no se ha pronunciado acerca de la permanencia del Director de Administración de La Moneda, señor Cristian Riquelme, quien todavía ejerce su cargo pese a lo dicho precedentemente, ni se ha instruido procedimiento disciplinario alguno a su respecto”.
Es en el marco de esta arista que el administrador de La Moneda declaró ante la fiscalía el pasado 10 de diciembre.
Los pagos de Martelli
A sólo semanas que estallara la polémica por el formateo del computador de Dávalos, El Mostrador reveló una serie de pagos que habría realizado desde su cuenta bancaria personal el autodenominado operador político, Giorgio Martelli, a Cristián Riquelme.
Según la publicación se trató de ocho giros por un total de $32,5 millones, entre el 11 de marzo y el 16 de agosto de 2013, todo esto en medio de la campaña presidencial, donde Riquelme se desempeñó como administrador de Somae, que como ya se mencionaba fue la firma que gestionó la campaña de Bachelet.
Los pagos a Riquelme se sumaban a los realizados a otros personeros vinculados a la campaña: $300 mil al ex ministro Rodrigo Peñailillo, $250 mil a Gabriel Sepúlveda, jefe de gabinete del ministro de Energía, Máximo Pacheco; y $7 millones a María Angélica Álvarez, la “Jupi”, la cercana asesora de Bachelet durante su primera administración.
"No me puedo hacer cargo de notas de prensa. Hay un fiscal a cargo", dijo el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, al ser consultado sobre estos nuevos antecedentes.
En enero de este año se conoció la declaración de Giorgio Martelli concretada el 13 de noviembre pasado. En esa oportunidad, el geógrafo reconoció los pagos señalando que Riquelme “me solicitó recursos para la campaña y yo le hice estos préstamos porque yo tenía compromisos políticos con la campaña. Creo que yo pedí un crédito para hacerle estos préstamos. Sé que en alguno de estos recursos Cristián me los devolvió, pero no estoy seguro, voy a procurar obtener la información”.
Su omisión en la declaración de patrimonio
Un nuevo flanco de críticas sumó el administrador de La Moneda luego que la semana pasada se conociera que se había acogido a la ley N 19.628 para proteger datos de carácter personal en su declaración de patrimonio.
De esta forma la declaración omitía datos como las tasaciones fiscales y comerciales de los cuatro inmuebles que declaraba, así como tampoco el detalle de las actividades que desempeñó los dos años previos a su llegada al cargo de Palacio (Revisa la declaración de abril de 2015).
Las críticas de parlamentarios no se hicieron esperar. Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Burgos, señaló que “si me preguntan qué creo yo que es mejor en la declaración de funcionarios públicos, en términos generales, más allá de desconocer situaciones particulares, porque no tengo por qué conocerlas tampoco, yo prefiero que la declaración de patrimonio e intereses sea lo más amplia posible”.
Horas después del comentario de Burgos el funcionario rectificó su declaración, incorporando el detalle de su patrimonio en la que señala que el valor comercial de sus cuatro propiedades supera los $569 millones. Del mismo modo, consigna la participación en la sociedad Asesorías e Inversiones Nido de Águila SPA (Revisa la nueva declaración de febrero de 2016).
