Parlamentarios de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional anunciaron que presentarán proyectos de ley para permitir que el Ministerio Público pueda presentar querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado.
El proyecto fue presentado luego de la decisión que tomó el gobierno de Gabriel Boric de ampliar la querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul.
Dicho anuncio también fue antecedido por declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien había advertido que no se podían perseguir los dichos del líder de la agrupación por un eventual quebrantamiento de la norma debido a que el Ejecutivo debía querellarse primero.
Actualmente, la Fiscalía solo puede iniciar la acción penal a infracciones a la Ley de Seguridad del Estado cuando el Ministerio del Interior de turno presenta querellas.
En este contexto, una iniciativa fue ingresada por los diputados Joanna Pérez (DC) y Miguel Ángel Calisto (DC), junto al independiente Andrés Jouannet; mientras que otro senadores Carmen Gloria Aravena (RN) y José García Ruminot (RN).
La diputada Pérez señaló que "como solo el Presidente tiene la facultad hoy de poder presentar querellas en orden a lo que señala la Ley de Seguridad del Estado es que estamos presentando un proyecto de ley para ampliar esa facultad y dotar al Ministerio Público para que también puede hacerse parte de las querellas".
"La democracia no puede quedar a la suerte de ideologías que fundan la inacción gubernamental, sino que debe fortalecerse el ordenamiento jurídico vigente, con reglas claras y concretas para que puedan ser efectivamente ejecutadas para los fines pre establecidos", agregó.
Por otra parte, la senadora Carmen Gloria Aravena indicó que "la lucha contra la delincuencia y la erradicación de la violencia terrorista requiere de una acción oportuna y decidida de la justicia, especialmente cuando existe una amenaza evidente contra el país y sus habitantes, como es el caso de una persona que ha planteado 'canalizar la violencia hacia acciones de sabotaje".
"Viene cometiendo múltiples crímenes, que deben ser perseguidos por el Estado. Por lo mismo, el Ministerio Público debe tener la potestad de iniciar investigaciones de oficio sin tener que esperar la acción de terceros", sentenció.
