El lunes, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el superintendente de Salud, Víctor Torres, advirtió que “la primera” isapre “podría caer en febrero” si no se toman medidas para mitigar la crisis que enfrentan que fue generada por el alza indebido en los planes de salud que la Corte Suprema les obligó devolver a sus afiliados.
Para evitar esta situación, el Gobierno de Gabriel Boric propuso adelantar el alza de planes que pueden hacer las isapres en junio, para mayo de 2024, lo que ha sido resistido por algunos parlamentarios oficialistas que dicen que los afiliados no deben pagar por la crisis que enfrentar las aseguradoras de salud privada.
Recordemos que la Corte Suprema obligó a las isapres a devolver más de un billón de pesos a sus afiliados por el alza indebida en los planes de salud y el gobierno propone una ley corta para que se cumpla este fallo.
Sin embargo, también están intentando aprobar el adelantamiento del alza de los planes en el proyecto de reajuste al sector público como una medida más rápida de ayuda a las compañías.
La idea del adelantamiento del alza de planes para 2024 fue aprobada por la comisión, pero aun debe ser revisada por la sala de la cámara y también por el Senado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la iniciativa.
“Si cae toda la industria, caen lo suficiente para ser más de la mitad de los afiliados al sistema que quedarían afiliados a isapres con incumplimiento de sus indicadores financieros, intervenidas y sin posibilidad de cambiarse de esas isapres en el futuro”, explicó Marcel.
“Y ahí sí que hay un corralito, ahí sí que hay secuestro, y podríamos estar mucho más secuestrados si no hacemos nada”, agregó.
¿Qué pasa si una isapre no cumple con los indicadores?
El superintendente Torres advirtió que con el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, las isapres podrían ver disminuidos sus ingresos un 12% cada mes, lo que podría generar que en febrero la primera compañía incumpla con los equilibrios financieros que le permite seguir operando.
En caso de que eso sucediera, que es lo que buscan evitar desde el gobierno, se debería aplicar un Plan de Ajuste de Contingencia (PAC), en el que los dueños de la isapre respectiva deberían presentar una fórmula para enfrentar esta situación.
“Detectado por la superintendencia alguno de los incumplimientos señalados precedentemente, ésta representará a la isapre la situación y le otorgará un plazo no inferior a diez días hábiles para que presente un Plan de Ajuste y Contingencia, que podrá versar, entre otras cosas, sobre aumento de capital, transferencias de cartera, cambio en la composición de activos, pago de pasivos, venta de la institución y, en general, acerca de cualquier medida que procure la solución de los problemas existentes”, dice la ley.
Sin embargo, si la superintendencia no aprueba este plan, o no funciona, el propio superintendente podría iniciar el procedimiento de cancelación del registro de la isapre y se nombraría un administrador provisional que podría licitar la cartera de afiliados a otra compañías.
“El administrador provisional procederá a la transferencia de la totalidad de la cartera de afiliados a una o más isapres a través de una licitación pública, la que deberá realizarse en no más de ciento veinte días contados desde la fecha de la resolución mencionada precedentemente”, explica la ley.
“Para los efectos de la indicada licitación, el superintendente podrá, a solicitud del administrador provisional o de oficio, suspender la celebración de nuevos contratos con la Institución y las desafiliaciones de la misma”, añade.
Es por esto que el ministro Marcel habla de un eventual “corralito”, porque en caso de que esto suceda, los afiliados no podrían abandonar la isapre mientras se licita su traspaso a otra compañía, lo que podría durar algunos meses.
