Un recurso ante la Corte Penal Internacional ingresó este jueves la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el ex juez español Baltasar Garzón, en conjunto con el Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED), y la Asociación Americana de Juristas
(AAJ).
Las entidades solicitan que el organismo inicie una investigación en contra el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades políticas y policiales, "por su participación en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad" registrados durante las masivas protestas ocurridas desde octubre de 2019.
"Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables", explicaron en un comunicado.
Los requirentes manifiestan que los casos de "homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias" ocurridas durante las protestas forman parte de una "política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos".
Y agregan: "muchas de ellas constitutivas de Crímenes de Lesa Humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009".
En este sentido, acusan un "grave incumplimiento" de las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en diciembre de 2019, que hizo un llamado a reformar los protocolos, asegurando que Carabineros "ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos".
Esto pues, aseguran haber constatado "las políticas represivas ordenadas y consentidas por el Presidente de la República, e implementadas por los Generales Directores de Carabineros de Chile y sus altos mandos; los ministros del Interior y Seguridad Pública; ministros de Defensa, y subsecretarios respectivos, continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil".
Junto con esto, acusan una respuesta "asimétrica" por parte del Poder Judicial, la que "se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha".
