La querella de la Presidenta Michelle Bachelet y el "escándalo" en el Sename son parte de los temas abordados por Human Rights Watch en su informe anual sobre la situación de Chile.
El documento recuerda que "la Presidenta Bachelet demandó penalmente por difamación a cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, luego de que este medio publicara la transcripción de una escucha telefónica a uno de los presuntos implicados en la investigación del Ministerio Público chileno sobre una empresa vinculada a un familiar de Bachelet".
"En septiembre, el Consejo de Ética de la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile (FMCS), un gremio profesional, adoptó una resolución que sanciona a la revista por incumplimiento de la ética periodística. Bachelet posteriormente desistió de la querella, y afirmó que estaba 'satisfecha' con la sanción impuesta por la FMCS y que en ningún momento pretendió “afectar a los periodistas ni ganar dinero”, agrega el informe.
En relación a la crisis en el Sename, Human Rights Watch recuerda los cambios en las cifras proporcionadas sobre las muertes de menores en centros dependientes del organismo. "Las causas de muerte informadas incluían a bebés y niños pequeños que se ahogaron en sus propios fluidos gástricos o respiratorios, suicidios y atención médica tardía de lesiones", sostienen.
Violaciones a los DD.HH y "hacinamiento" carcelario
En relación a los casos de violaciones a los derechos humanos, el documento señala que "la justicia continúa juzgando a personas por abusos cometidos durante el régimen militar en Chile, pero en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia ha aplicado sus facultades discrecionales para reducir las penas a quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos, y esto ha redundado en condenas que no guardan relación con la gravedad de los delitos".
En cuanto a las condiciones carcelarias, el informe sostiene que pese a las medidas adoptadas en los últimos años para disminuir la población carcelaria muchos centros presentan "graves niveles de hacinamiento".
"Las cárceles de Chile albergan a casi 49.000 detenidos y presos, a pesar de que su capacidad máxima es de menos de 42.000. Las condiciones siguen siendo precarias, y son comunes los abusos por parte de guardias penitenciarios", agregan.
Uso "excesivo de la fuerza" por parte de Carabineros
El informe agrega que, de acuerdo a la prensa, "es habitual que carabineros empleen uso excesivo de la fuerza, sobre todo contra manifestantes, estudiantes y comunidades indígenas. Algunos carabineros habrían agredido sexualmente a mujeres y niñas durante protestas".
Junto con esto, se recuerda que en julio de 2016 entró en vigor "una ley sumamente controvertida que permite medidas que muchos califican de control preventivo de identidad".
"El artículo 12 de la Ley 20.931 permite que las autoridades de seguridad pública pidan identificación a cualquier mayor de 18 años sin que haya sospecha de que esté implicado en ningún delito, que hasta
entonces era el estándar para controlar la identificación de una persona", agregan.
Este cambio -a juicio de HRW- "resulta particularmente preocupante en el contexto de protestas, pues se ha señalado que los controles de identificación durante manifestaciones en Chile suelen afectar de manera desproporcionada a grupos marginados.
