Amnistía Internacional presentó, este martes, su informe anual 2021-2022 sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo, y en lo referido a Chile denunció que siguieron existiendo casos de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros. Además, el representante en Chile cuestionó la labor del expresidente Sebastián Piñera.
“Las protestas continuaron, aunque con menor intensidad a causa de la pandemia. La policía siguió haciendo un uso excesivo de la fuerza y se registraron al menos dos casos más de lesiones oculares”, dice parte del informe en su apartado sobre Chile.
En la presentación del documento, el director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos, calificó como un “legado sombrío” en materia de Derechos Humanos la actuación de Piñera a cargo del país.
"El exPresidente Sebastián Piñera ha dejado un legado sombrío en materia de Derechos Humanos, especialmente por las graves violaciones ocurridas durante el estallido social, por la falta de medidas tendientes a avanzar en verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición", dijo Bustos.
"Instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (...), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis", añadió.
Busto hizo énfasis en la necesidad de una reforma profunda a Carabineros, que ha sido planteada también por el nuevo Gobierno de Gabriel Boric, y calificó el escenario actual como de “mucha impunidad”.
El informe también se refiere al “uso excesivo” de la prisión preventiva como medida cautelar para personas que fueron detenidas en el marco del estallido social, lo que también ha impulsado proyectos de ley de amnistía por parte del actual oficialismo.
“Ninguna institución pública facilitó un listado exhaustivo de las detenciones; Amnistía Internacional recibió testimonios de varios casos de uso injustificado de la prisión preventiva. En algunos de ellos, las personas en cuestión habían permanecido en detención previa al juicio durante aproximadamente un año y después habían sido absueltas o el caso se había archivado por falta de pruebas”, detalla el informe.
