El Gobierno de Gabriel Boric defendió el proyecto de reajuste al sector público que propone, entre otras cosas, aumentar en cerca de 3,5 millones de pesos el sueldo a los ministro del Tribunal Constitucional (TC), lo que ha sido cuestionado por representantes de distintos sectores políticos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó la situación y aseguró que el alza tiene “una razón técnica” y no es “un capricho” del Ejecutivo.
“Hay una razón técnica que lo explica, no es un capricho. Hay una razón técnica sobre la cual históricamente se encuentran vinculadas esas rentas. Otra cosa distinta es como usted las valore, pero no hay un capricho o decisión arbitraria detrás de eso”, respondió Cordero a los cuestionamientos.
La propuesta del Ejecutivo que está en el Congreso busca homologar las remuneraciones de los ministros del TC a los ministros de la Corte Suprema, como ha sido históricamente, por lo que su salario podría aumentar desde 9,4 millones de pesos a 12,8 millones de pesos.
¿Por qué esta alza en el salario de los ministros del TC?
Según explicó el titular de Justicia, anteriores reformas en las rentas del sector público produjeron que el sueldo entre los ministros del TC y los de la Corte Suprema se diferenciaran, pese a que históricamente habían sido iguales.
Es por esto que, según dijo el representante del gobierno, este se busca “corregir”.
“Históricamente las rentas de los ministros del Tribunal Constitucional están homologadas a la de los ministros de Corte Suprema, y lo que se ha solicitado es que sea por esa vía”, detalló.
“Lo que se ha hecho es una corrección técnica. Las remuneraciones de ministros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema han estado históricamente homologadas y, por los ajustes se produjo un desajuste, y es un requerimiento que realizó el pleno del TC”, añadió.
“Hay un aspecto que me parece clave. Las reformas en remuneraciones se hicieron en un contexto pensando en las remuneraciones del Ejecutivo. El esfuerzo hace largos años desde el retorno a la democracia en Chile es mantener un régimen de remuneraciones adecuado para las altas magistraturas judiciales, fundamentalmente por la situación en que ellos se encuentran”, complementó.
