Una reunión en el ministerio de Hacienda sostuvieron a inicios de la semana pasada representantes de dicha cartera junto altos representantes del Congreso. Aunque aún no habían asumido en sus cargos -lo hicieron oficialmente el martes 22- a esa cita llegaron como futuros vicepresidentes de la Cámara Alta y Baja el senador José García Ruminot (RN) y el diputado Gabriel Silber (DC), además de los secretarios generales de las respectivas corporaciones y algunos asesores.
En Teatinos 120 los recibió el coordinador de Modernización del Estado de dicha cartera, Enrique Paris, con un itinerario claro. Según algunos asistentes, en la cita se inició el trabajo con miras a lo que podría ser un acuerdo inédito para bajar los sueldos de algunas de las máximas autoridades del país.
La idea original de esta comisión conjunta era proponer un mecanismo permanente para evaluar y definir los reajustes en los sueldos de las altas autoridades: 9 millones 100 mil pesos en el caso de ministros y parlamentarios y $8 millones 400 mil en el de los subsecretarios. Esto pues a fines de 2015, el Congreso ya había zanjado excluir a la Presidenta, ministros, subsecretarios y parlamentarios del reajuste del sector público, debate que se volvería a tener a fines del año en curso.
Sin embargo, el acuerdo final fue mucho más allá: se revisará el monto de los sueldos, dietas y asignaciones parlamentarias. Con la apertura clara a reducirlos o, al menos, congelarlos por un período determinado. "El gobierno y nosotros estamos dispuesto a analizar todas las alternativas. No hay nada cerrado, el trabajo está recién comenzando", dijo a T13 el senador García Ruminot, quien participó en el mencionado encuentro.
Así, la comisión revisó fórmulas y legislación de Inglaterra y Estados Unidos -donde existen comisiones autónomas que proponen los eventuales reajustes en los sueldos de altas autoridades- y se conversó sobre modificar la actual norma constitucional que homologa los sueldos de ministros y parlamentarios. "Desamarrarlos" es una de las vías posibles de acción, señalan en el Congreso.
El debate sobre una eventual disminución en las dietas parlamentarias viene siendo impulsado desde hace meses por algunos en el Congreso. Y aunque hasta el año pasado se trataba de iniciativas aisladas -impulsadas en inicio por diputados como Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Pepe Auth y Marcelo Schilling, entre otros- en las últimas semanas la idea ha cobrado fuerza y ganando adeptos de manera transversal.
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Entre las razones que mencionan en el Parlamento no sólo se cuentan la crisis de desconfianza ante la política -que tiene al Congreso con su menor nivel de aprobación según Adimark- y el complejo panorama económico, que obligó al gobierno a realizar un ajuste fiscal por US$ 540, detallado el lunes pasado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. También hay otro motivo, mucho más "práctico": los nuevos costos que acarreará al Congreso el aumento de Parlamentarios a partir de 2018, cuando comience a regir el nuevo sistema electoral, en reemplazo del binominal.
La llegada de 35 nuevos diputados y 12 senadores significará una serie de ajustes en infraestructura: nuevas oficinas, acomodo de comedores, espacios en el hemiciclo, por ejemplo, a lo que se suman los gastos adicionales propios en dietas y asignaciones para 155 representantes de la Cámara Baja y 50 de la Cámara Alta.
El Congreso, sin embargo, no recibirá recursos fiscales para ajustarse a su nueva realidad. En enero de 2015, al aprobarse el cambio al sistema electoral, La Moneda aseguró que el aumento en la cantidad de parlamentarios en ningún caso significará la entrega de nuevos recursos al Congreso. Esta semana el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, corroboró que el Ejecutivo “no tiene contemplado” nuevos recursos, mientras que el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró el mismo mensaje a la Comisión de Hacienda de la Cámara.
En ese contexto, en la mesa de la Cámara aseguran que ya se trabaja en una propuesta propia que permita el autofinanciamiento, lo que permitiría además “blindar” a Bachelet. “No queremos que esto se transforme en un foco contra la Presidenta. No puede trasformarse en una nueva 'reforma a la reforma' del gobierno, como pasó con la tributaria, pero en este caso con la electoral, porque dañaría a la Presidenta”, señala un integrante de la testera.
Así, algunas de las medidas más importantes serían la reducción de asignaciones, además de beneficios cotidianos como el término de la gratuidad de almuerzos y comidas de los legisladores. “Estamos haciendo esfuerzos para cumplir con el compromiso de que la instalación no irrogue recursos adicionales al fisco ni a los ciudadanos”, explica Silber.
Al final, dicen en el Congreso, el trabajo de la comisión con Hacienda como las propuestas que se trabajan de manera interna en el Parlamento podrían confluir en un inédito acuerdo. "Los rebajas o congelamientos que propongamos de todas maneras crearán holguras en el presupuesto, lo que permitiría enfrentar los mayores costos por el aumento de escaños", dijo García Ruminot.
Cifras y propuestas
El diagnóstico sobre el aumento de costos fue oficializado por Congreso en paralelo al debate sobre el nuevo sistema electoral.
Según un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso con los montos correspondientes a 2014, año en que comenzó a debatirse el fin del binominal, “el gasto anual en dietas para un Senado compuesto por cincuenta senadores sería de $5.163,3 millones, mientras que una Cámara compuesta por ciento cincuenta y cinco diputados significaría un gasto anual de $16.006,2 millones. De este modo, el costo total anual de las dietas de un Congreso con esta composición sería de $21.169,5 millones”.
Esto sería $4.853,5 millones adicionales a los $16.316 millones que el Congreso gasta anualmente en dietas parlamentarias, de acuerdo al mismo documento. Todo, sin incluir las asignaciones, montos a disposición de los congresistas para contratar asesores o encargar estudios técnicos.
En este contexto, a inicios de semanas algunos parlamentarios retomaron el planteamiento de reducir en 20% las dietas. Entre ellos el socialista Marcelo Schilling y el PPD Pepe Auth. Este último, según informó esta semana en La Tercera, entregó una detallada propuesta a la mesa de la Cámara, encabezada por el PS Osvaldo Andrade.
En ella, Auth señala que el costo adicional para la Cámara Baja, tanto en dietas como en asignaciones, sería de $45 mil 512 millones, $10 mil 273 millones adicionales al costo actual, considerando dietas, asignaciones, bencina y aportes a los comités parlamentarios. Y propone dos fórmulas para enfrentar este escenario: primero, rebajar en 20% el monto de las dietas parlamentarias, incluyendo en dicho recorte también los sueldos de los ministros y subsecretarios, debido a la norma constitucional. O, en segundo caso, reformar dicha norma para desacoplar esos sueldos y fijar una dieta parlamentaria equivalente a 4/5 de las máximas autoridades.
Así, sostiene Auth, el costo de los 155 diputados sería de $36 mil 392 millones, $1.174 millones más que el costo actual, diferencia que sería costeada con recortes en viajes internacionales y nacionales de los propios parlamentarios.
"Aumentos" desiguales
Tanto en el Senado como en la Cámara reconocen que las adecuaciones por la llegada de nuevos parlamentarios será más compleja para la Cámara de Diputados que para Cámara Alta. El 2006, con el término de los senadores vitalicios y designados el número de representantes del Senado se redujo de 48 a 38 miembros, pero se mantuvo el presupuesto. Esto, bajo el argumento de que siendo menos senadores, la carga sería mayor, y se requeriría reforzar ítem como las asesorías.
En términos de infraestructura el panorama también es diferente. Mientras los diputados deberán proveer 35 oficinas nuevas con miras a los nuevos escaños que se llenarán en la elección de 2017, el Senado sólo acogerá 12 nuevos miembros ese año y los otros seis en las parlamentarias de 2018, considerando que la Cámaras Alta renueva sólo de sólo a la mitad de sus miembros en cada elección.
