El Gobierno de Gabriel Boric valoró el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que rechazó los requerimientos presentados que buscaban cuestionar la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente, y dijeron que con esto se cerraba la polémica que comenzó en diciembre pasado y que provocó la salida de la exministra de Justicia Marcela Ríos.
El actual ministro de la cartera, Luis Cordero, reiteró que el indulto es una facultad institucional y que todos los antecedentes sobre los casos estaban en los expedientes que se presentaron ante el TC.
“La votación demuestra que la atribución presidencial se ha ejercido ajustada a la Constitución y a la ley (…) Para el gobierno se cierra el capítulo. En adelante, espero seguir con muchísima atención la cantidad de temas relevantes que están a cargo de este ministerio”, dijo el ministro Cordero.
“Creo que si hay una enseñanza que deja esto es que sostener la potestad de indulto en una persona, como decisión unipersonal, es probablemente una tensión del sistema constitucional muy grande”, añadió.
“Bajo la Constitución de 1833 el Presidente de la República solo podía indultar bajo el acuerdo del Consejo de Estado, que era una institución administrativa. Y probablemente la experiencia de este proceso, y yo diría también de los procesos de las tres últimas décadas, nos obliguen a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad”, complementó el titular de Justicia.
El TC, por seis votos contra dos, rechazó los requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos y el movimiento Demócratas, que cuestionaban siete de los trece indultos otorgados por el Presidente Boric en diciembre pasado.
Uno de esos indultos era al exfrentista Jorge Mateluna, quien ya había sido indultado en 2004, y los otros a seis personas que estaban presas por delitos cometidos en el contexto del estallido social, pero algunos de ellos tenían condenas previas por otros delitos comunes.
Desde el gobierno habían reconocido “desprolijidades” políticas al otorgar el indulto en particular de Luis Castillo, pues explicaron que el foco de beneficiarios era quienes hubiesen cometido delitos en el marco del estallido social, pero que no tuvieran antecedentes previos.
“La ciudadanía tiene que estar tranquila por dos motivos: porque el tribunal ha ratificado que el ejercicio y la potestad constitucional se ha hecho ajustada a la Constitución y a la ley, y que es responsabilidad del Estado, dado el tipo de indulto que se dio, mantener en la vigilancia el cumplimiento de las condiciones a través de los centros de reinserción social de Gendarmería respecto de aquellas personas que fueron indultadas”, expresó el ministro Cordero.
“La manera en que se realizaron las impugnaciones obligaba a defender la forma y modo en que se ha ejercido la potestad del indulto históricamente (…) Ningún gobierno, desde el retorno a la democracia, ha ejercido la potestad de indulto sin conflictos públicos, ninguno”, agregó.
Quienes presentaron los requerimientos no estuvieron conforme con el fallo del TC y acusaron que los ministros del órgano autónomo tomaron decisiones “políticas” más que jurídicas”.
“Lamentablemente en el análisis que hace el Tribunal Constitucional primó lo político, no lo jurídico”, aseguró el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez.
“Creo que es necesario repensar el Tribunal Constitucional, porque así como no es legítimo para la izquierda, que lo considera una tercera cámara, a esta altura ya perdió toda legitimidad para la derecha, que sentimos que hace tiempo viene fallando conforme a sus preferencias políticas y no según la ley”, añadió.
