Luego de que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que investiga el caso Caval criticara la omisión de datos al interior de la declaración de patrimonio e intereses del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, el gobierno salió al paso de la polémica.
El vocero (s), Osvaldo Soto, explicó que la ausencia de las tasaciones fiscales y comerciales de cuatro inmuebles se realizó de acuerdo a la ley N° 19.628 que protege los datos personales.
"No es que omita información de forma pública, existe el comportamiento respetuoso e irrestricto de lo que establece la norma", indicó Soto.
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Consultado sobre si la situación contrasta con la petición realizada en marzo de 2015, cuando la propia Presidenta Michelle Bachelet pidió una "cultura y una ética de la transparencia", el portavoz manifestó que "está en el fuero íntimo".
"Le corresponde a uno tomar esas decisiones, lo que nos corresponde como gobierno es el legítimo y total apego a las normas legales que se establecen sobre estos temas", remarcó.
En esa línea, el ministro de la Segegob (s) hizo un llamado a que "no vayamos azuzando un clima de desconfianza generalizado".
"En un Estado de Derecho no solamente se cautela la sociedad toda, sino la de los individuos. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental que tienen todas y todos los chilenos y está garantizado respecto de los funcionarios públicos", añadió.
De esta manera, el gobierno volvió a blindar al administrador de La Moneda, quien ha sido objeto de críticas por haber visado la eliminación de los archivos del computador de Sebastián Dávalos en La Moneda —información que sería clave en el caso Caval— y por haber recibido en el propio palacio de Gobierno al gestor inmobiliario Juan Díaz, formalizado por presunto soborno y como cómplice del delito de ventajas indebidas del síndico y facilitación de boletas maliciosamente falsas.
