Durante la tarde de este lunes, el Gobierno anunció la creación de la comisión de expertos para la probidad y transparencia.
El presidente Gabriel Boric encabezó la primera reunión de esta comisión, que ha sido citada desde el Gobierno, para analizar de qué manera se puede mejorar la relación entre las organizaciones privadas sin fines de lucro, es decir, las fundaciones con el estado. Esto surge a propósito del escándalo de la Fundación Democracia Viva y las distintas aristas que se han ido conociendo en este caso.
Son seis expertos los que han sido reunidos por el Gobierno. Entre ellos está María Jaraquemada, directora de Chile Transparente, y también el ex contralor Ramiro Mendoza.
Parte de la tarea que tienen estos expertos es poder analizar de qué manera las fundaciones podrían mejorar su rendición de cuentas.
"Esta no es una comisión para la foto. Esta no es una comisión cuyo informe y recomendaciones que nos entreguen en 45 días más va a quedar guardada en un cajón llenándose de polvo. A mí, personalmente, y como gobierno, lo que nos interesa es implementar las recomendaciones", indicó el presidente Gabriel Boric.
Esta comisión integrada por seis integrantes, tendrá un plazo de 45 días para generar propuestas para ver cuáles son las posibilidades o los puntos altos que existen hoy en los convenios entre el Estado y en las fundaciones, pero también deberán analizar cuáles son las debilidades que existen en estos convenios.
La presidenta de esta comisión es María Jaraquemada, quien planteó parte de la tarea que van a encabezar de aquí a los próximos 45 días.
"La idea es poder revisar el diagnóstico que nos dijo el Presidente de cómo está funcionando y hacer propuestas de mejora para que efectivamente haya mayor transparencia, rendición de cuentas, pero también teniendo en cuenta el perfil de estas organizaciones y la eficacia y la eficiencia con la que tiene que actuar en conjunto muchas veces con el Estado en la provisión de bienes y servicios", aseguró María Jaraquemada.
Las propuestas de estos expertos podrían derivar en proyectos de ley que posteriormente tendrían que ser tramitados por el Congreso.
