El Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, se comprometió con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a facilitar la presencia en ese país de fiscales y policías chilenos en las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, en el marco de la investigación a la empresa constructora OAS, por presunto financiamiento irregular de campañas políticas en varios países de Latinoamérica.

"Acordamos agilizar los mecanismos de respuesta a solicitudes que ha enviado el Ministerio Público y a eventuales nuevas peticiones, a fin de contar con información rápida y completa para la investigación sobre OAS que está llevando adelante la Fiscal Ximena Chong”, dijo Abbott a través de un comunicado.

En ese marco, el Fiscal Nacional agregó que existirá una labor en conjunto con Brasil, el que “facilitará la presencia de fiscales y policías chilenos en las declaraciones u otras diligencias ya solicitadas o que se pidan en el futuro; en tanto que la Fiscalía de Chile comprometió, por su parte, la pronta entrega de cualquier antecedente que pueda ser útil para investigación que lleva Brasil como cualquier otro país de Latinoamérica”.

OAS es la arista chilena de la mayor investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil, conocido como el caso Lava Jato, sobre sobornos y lavado de activos que involucra a varios países de Latinoamérica.

En Chile, Chong investiga el uso de Marco Enríquez Ominami de un jet privado de OAS durante su campaña presidencial y que moticó el allanamiento de tres oficina de la empresa en Santiago, para llevarse sus registros contables entre 2012 y 2015.

El acuerdo entre Janot y Abbott se produjo durante la inédita “Reunión Técnica Conjunta”, en la que participaron nueve fiscales nacionales de la región, además de Portugal, para tratar en profundidad las indagaciones sobre Lava Jato y, en particular, el caso Odebrecht.

Uno de los hitos más importantes de esta investigación fuera de Brasil es la solicitud de prisión preventiva que existe sobre el ex presidente peruano, Alejandro Toledo, acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos por parte de la empresa constructora brasileña.

Tras la cumbre multilateral, los fiscales de los 11 países presentes emitieron una declaración conjunta, en la que se comprometieron a lograr la “más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional” para “desmantelar la corrupción transnacional”.

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