La tarde este viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia, anunció la apertura de una investigación de oficio por las cuestionadas entregas de pensiones de gracia.
A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional informó que "Conforme a los antecedentes recabados a través de diversos medios de comunicación, lo informado por la Contraloría General de la República, y la presentación de parlamentaros ante diversas instituciones, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia"
El fiscal Marcos Pastén, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, fue designado para asumir las indagatorias, a la vez que señalan que "podrían configurarse -dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal".
"Al respecto, la investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas", añaden.
Cabe recordar que el pasado jueves, la Contraloría entregó un informe en donde reveló que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión de gracia, "tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos".
"En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros", añade el texto.
La revisión de las pensiones se empezó a realizar luego que el medio Ex-Ante publicara que existían personas con causas penales en el desglose de beneficiados.
El septiembre del año pasado, el gobierno reconoció que nunca se ha pedido el análisis de antecedentes penales para este tipo de otorgamientos.
Finalmente, en enero de este año, el Ejecutivo confirmó que existe una facultad para revocar la medida en ciertos casos.
