El fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, entregó detalles sobre la investigación que se lleva a cabo sobre cinco funcionarios públicos luego de que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, advirtiera posibles irregularidades y negociaciones incompatibles.
Sobre esto, Guzmán apuntó que "se trata de antecedentes bastante preliminares que harían presumir eventualmente la existencia de algún delito relativo a negociaciones incompatibles".
"El próximo paso es analizarlo junto con el equipo que vamos a conformar para investigar este hecho y de acuerdo a ello es que se van a disponer las primeras diligencias entre las cuales está la solicitud o recabar mayores antecentedentes a la propia Contraloría", agregó.
En esa línea, dijo que "del punto de vista de la penalidad no es tan grave, pero sí lo es desde el punto de vista del abuso del ejercicio de la función pública para participar en actos, contratos, en los cuáles puede tener directa o indirectamente interés el funcionario público que toma la decisión a su respecto".
Por último, planteó que los posibles montos involucrados en las operaciones indagadas no son importantes desde el punto de vista penal: "En este tipo de delito los montos no resultan ser mayormente relevantes, sin embargo, es una cuestión que surgirá durante el curso de la investigación. El delito de negociación es un delito bastante formal en cuanto a su configuración y en ese contexto vamos a iniciar las primeras diligencias de investigación".
Los cinco casos denunciados por Contraloría -de 114 donde se habrían detectado "situaciones anómalas" y "eventuales delitos", según Bermúdez- apuntan a sociedades vinculadas a estos funcionarios públicos, que se habrían visto beneficiadas con contratos por parte del mismo servicio público en que éstos trabajaban como jefe de finanzas, según se menciona en una minuta explicativa distribuida por el ente fiscalizador.
Este texto explica que el delito de negociación incompatible está tipificado en el "artículo 240 Código Penal, que sanciona al empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo (con capacidad decisoria en el asunto).
En este sentido, los casos de supuesto enriquecimiento ilícito aludidos por el contralor Bermúdez -quien habló del cónyuge de un funcionario público que tiene "miles de millones de pesos" y otro que posee "cinco autos de lujo"- no han sido enviados aún a la Fiscalía, para que el Ministerio Público determine si existen o no delitos.
Si bien el contralor no ha revelado los nombres de los funcionarios denunciados, se sindica a cinco jefes de unidad de distintas reparticiones públicas: Subsecretaría de Desarrollo Regional, MOP, Hispital Regional de Concepción, y Gobiernos Regionales del Biobío y Los Lagos.
Los indagados
1) Juan Alvear Balmelli (Subdere):
Ingeniero comercial en administración de empresas, Alvear figura en los registros de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) como Jefe del Departamento de Finanzas desde mayo de 2014.
El año 2013, constituyó una sociedad llamada “Centro de profesionales para el desarrollo e innovación de la gestión Limitada” (CEPDIG), junto a Francisco Robles García y Carlos Vicencio Henríquez. En la actualidad, esta firma figura –entre 2013 y 2017- con 23 órdenes de compra de organismos del Estado, como el Senama, los hospitales de Ovalle y el Psiquiátrico El Peral, diferentes municipalidades y la Junaeb.
Con esta última repartición, por ejemplo, existe una orden vía licitación por cuatro “servicios de auditoría” gubernamentales, por un total de $ 157.482.000. Esta licitación comenzó el 9 de diciembre de 2013 y, según consta en los registros del Diario Oficial, en esa fecha Alvear era uno de los socios de la consultora al momento de la adjudicación, el 31 de enero de 2014.
Diez días después del cerrado el negocio con Junaeb, el 10 de febrero de 2014, Juan Alvear dejó la sociedad CEPDIG y vendió su participación en partes iguales a los otros dos socios - Robles y Vicencio- en 20 mil pesos.
Sin embargo, según el mismo Diario Oficial, y ya instalado en la Subdere, Alvear vuelve a aparecer fugazmente vinculado a la consultora: el 2 de junio de 2014, figura comprando su parte de la sociedad a Carlos Vicencio y, en el mismo acto, vendiéndola a Marcela Paz Yáñez Bravo. Ella y Robles García quedan como únicos socios.
Con Alvear ya fuera de la empresa y siempre como jefe de Finanzas en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la consultora de sus ex socios se adjudica, el 28 de septiembre de 2016, una licitación para “evaluación económica o financiera de proyectos” por $ 40 millones con la Subdere.
2) Andrea Martínez (MOP):
En el portal de Gobierno Transparente, aparece trabajando a contrata en la Dirección de Obras Públicas, en la Coordinación de Concesiones. Su cargo es jefa unidad personal. En el mismo sitio, aparece vinculada a esa misma repartición desde 2006 en adelante, con excepción del período 2008-2009.
La denuncia de la Contraloría por presunta negociación incompatible apuntaría a los tratos comerciales del MOP con la empresa de su marido, Dante Bossi -Comercial Bossi y Bossi-, la que hasta 2014 contabiliza más de 200 negocios con diferentes organismos estatales.
Entre ellos, hay 16 que realizó con el MOP entre 2006 y 2012, proveyéndole servicios de reparación, reubicación y venta de equipos de aire acondicionado, por un valor total para todo ese período de $ 10.128.364.
De esos, cinco se produjeron entre 2008 y 2009, lapso en el que Martínez no aparece relacionada contractualmente con el MOP.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, dijo que la funcionaria sigue desempeñando su cargo, y precisó que las de Martínez "son funciones que están en el área de Recursos Humanos, que no tienen que ver con la compra de distintos servicios".
3) Gloria González Sáez (Gobierno Regional de Los Lagos):
Vinculada al Gobierno Regional de Los Lagos desde 2010 -según registros oficiales-, figura desde fines de año pasado como jefa de la División de Planificación.
Según el Diario Oficial, es socia de "Serendipia Consultores" (o Sociedad Comercial Praxis), firma que registra 12 contratos con reparticiones de gobierno en la Región, desde el año 2006 hasta septiembre de 2012.
Se trata en su mayoría de contratos para capacitaciones, que van desde los $ 150.000 con la Conaf de la Décima Región en 2006, hasta una por $ 2.690.000 con el Hospital Hernán Henríquez Aravena, en abril de 2011. La más alta es de mayo de 2007, con el Indap de la zona, por $ 6.370.000, también por capacitación.
4) Patricio Sáez Bustos (Hospital Regional de Concepción):
Figura como "profesional y técnico universitario" en el Hospital Dr. Guillermo Grantt Benavente, de esa ciudad, desde junio de 2014.
Ingeniero civil biomédico, Sáez constituyó en junio de 2015 la sociedad "ING Médica Prestador de Servicios Médicos e Ingeniería Limitada", junto a María Ignacia Aguilera Bournás.
En abril de 2016, a su sociedad le fue adjudicada la licitación para la compra de cuatro paletas de magnificación para mamografías, por un total de $ 1.904.000.
La socia de Saéz en ING Médica, María Aguilera, trabaja a honorarios para el mismo hospital regional, como ingeniero del Servicio de Equipos Médicos de esa institución.
5) Daniela Moraga Cancino (Gobierno Regional del Biobío):
Trabaja en el Gore desde 2005 y actualmente tiene el cargo de jefa del Departamento de Inversiones.
En 2012 su marido, Patricio Espinoza Cárcamo, constityó la sociedad "Ages, Asesores en Gestión Limitada", que en mayo de 2013 se adjudicó una licitación para "asesorías en gestión estratégica" del Gobierno Regional del Biobío, por $ 9.850.000.
Contactada por T13, Moraga asegura que está en proceso de separación de Espinoza y que la acusación es "diametralmente distinta a la realidad" que vive en la actualidad, complicada por problemas económicos.
Las primeras críticas
Durante la mañana, en tanto, surgieron las primeras críticas a la forma en que el contralor Jorge Bermúdez hizo públicas las investigaciones en diversos servicios, en una entrevista el domingo recién pasado en La Tercera. El columnista de Mesa Central de Tele13 Radio, Jorge Navarrete, dijo que "uno celebra, después de lo que pasó en Carabineros, que haya una actitud de celo más vigilante por parte de la autoridad. Lo único que yo cuestiono es que se le haya dado este nivel de publicidad con una entrevista del propio Contralor, generando un efecto que es sumamente pernicioso".
Así, dijo que las personas apuntadas por la investigación "van a quedar por mucho tiempo marcados por lo que fue un ejercicio bastante temerario a mi juicio".
"Su trabajo no consiste en dar entrevistas públicas para apuntar con el dedo a personas a las cuales se les lesiona su reputación, no sabiendo todavía y él mismo reconociendo que son indicios iniciales. Eso es una irresponsabilidad", enfatizó.
El también columnista de Tele13 Radio, Francisco Covarrubias, dijo que "se ha generado un manto de dudas general, que puede terminar perjudicando a muchas personas. Lo que correspondía aquí era investigar, sancionar y después dar la entrevista".
