Nueva pensión vitalicia a condenado del 18-O, esta vez tras ser sentenciado por lanzar una molotov

A las 9:30 pm del 21 de octubre de 2019 Gabriel Allende estaba levantando barricadas en una esquina de Curacaví, al poniente de Santiago, cuando llegó Carabineros. Respondió lanzando una bomba molotov, dijo su sentencia. Cuando huía, un policía le disparó perdigones desde un carro en movimiento. El 19 de abril de 2022 fue condenado por lanzamiento de artefacto incendiario y en octubre de ese año le dieron una pensión de gracia, que en febrero de este año fue aumentada a $444.767. El INDH se querelló por sus lesiones y la fiscalía formuló cargos contra un sargento de Carabineros por apremios ilegítimos. Su caso se suma al del pensionado prófugo por estafa y al condenado por robar un supermercado tras el 18-O, que abrieron un flanco para La Moneda.

Qué observar. El 23 de febrero de 2023 el Ministerio del Interior timbró el decreto de aumento de pensión de gracia vitalicia de Gabriel Felipe Allende Torres, 27, incluido por el gobierno en la lista de “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.

El decreto exento 3.555 —firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda— subió de 0,7 a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales (equivalentes a $444.767 a diciembre de este año) el beneficio que recibía desde hacía 4 meses. El primer documento fue timbrado el 19 de octubre de 2022.
El decreto 3.555, descrito para víctimas del estallido, fue publicado 10 meses después de que fuera condenado por lanzamiento de artefactos incendiarios.
La sentencia fue dictada en un procedimiento abreviado donde Allende aceptó la formulación de cargos de la fiscalía, que lo acusó de lanzar una molotov el 21 de octubre de 2019, en Curacaví, al poniente de Santiago.
Fue condenado a 3 años de cárcel, sustituidos por la pena de libertad vigilada intensiva.
En 2020 se abrió una segunda causa, a raíz de una querella del Instituto de Derechos Humanos (INDH), donde Allende Torres figura como víctima. El motivo: haber recibido tiros de perdigón la noche de su detención.
En enero de este año la fiscalía formalizó cargos contra un sargento segundo de Carabineros, por el delito de apremios ilegítimos. La causa sigue abierta, en etapa de investigación.
El caso de Allende Torres se suma al del condenado por robo a un supermercado tras el 18-O y al de un prófugo por estafa, que también recibieron el beneficio.
Los primeros casos abrieron un flanco para La Moneda: las dudas sobre los estándares con los que se han otorgado 270 pensiones de gracia en esta administración.

La condena. El 19 de abril de 2022 la jueza Natalia Lillo del Juzgado de Garantía de Curacaví dirigió la audiencia donde Gabriel Allende fue condenado a 3 años de cárcel, sustituidos por la pena de libertad vigilada intensiva.

Se consideración como atenuantes su colaboración en el procedimiento y la ausencia de anotaciones (Allende tenía 2 condenas por consumo de marihuana, para las que se dictó un procedimiento monitorio, tras lo cual fueron sobreseídas).
“El día 21 de octubre del año 2019, a las 21:30 horas aproximadamente, en las intersecciones de las calles Alberto Fellemberg con Germán Riesco de la comuna de Curacaví, el imputado Gabriel Felipe Allende Torres fue sorprendido junto a otra decena de individuos realizando en la vía pública una barricada con el fin de turbar gravemente la tranquilidad pública de la comunidad”, dijo la relación de hechos.
“En ese contexto, Carabineros intenta disuadir al grupo, quienes comienzan a repeler a los funcionarios lanzando piedras y artefactos incendiarios, logrando ser aprehendidos en esos instantes el imputado ya individualizado, a quien luego del registro de rigor facultado por el procedimiento, se le encontró portando adosado a su cuerpo un morral marca Puma, el cual se encontraba completamente húmedo y con un fuerte olor acelerante, aparentemente bencina, en cuyo interior se encontró un total de 05 botellas de vidrio, 02 de las cuales tenían incorporadas a su cuello y boquilla telas de género, aptas para conducir fuego y funcionar como mechas”.
“Además, (portaba) una botella plástica con combustible aún en su interior. Se debe dejar presente que, en todo momento, hasta su detención, el imputado se encontraba con su rostro embozado con un polerón y además realizó todos los hechos recién descritos, sin perjuicio de encontrarse toque de queda establecido desde las 20 horas del día de los hechos”.

Los cargos contra el carabinero. El 1 de julio de 2020 el INDH interpuso una querella por homicidio frustrado y apremios ilegítimos en contra quienes resultaran responsables de las lesiones sufridas por Gabriel Allende. El 13 de marzo de 2023 ingresaron una rectificación de querella donde acotaron los delitos al segundo.

El 5 de enero de este año el fiscal Gamal Massu había formalizado al sargento segundo Juan de Dios Lagos Muñoz por apremios ilegítimos y el tribunal lo había dejado con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio.
“El día 21 de octubre del año 2019, alrededor de las 21:30 horas, la víctima Gabriel Felipe Allende Torres se encontraba en las afueras del Liceo de Curacaví Presidente Balmaceda de la comuna, el cual queda ubicado en la intersección de calles Covadonga con Francisco Saavedra, en la comuna de Curacaví, participando de una protesta ciudadana que se estaba realizando en dicho lugar, existiendo barricadas y desordenes en el sector”, consignó la formalización.
Al llegar Carabineros comenzó a correr, siendo perseguido por el vehículo Z-8302, a bordo del cual estaba el sargento segundo, quien portaba una escopeta antidisturbios Winchester modelo G12007, calibre 12.
El sargento disparó al menos 2 veces, lo que “provoca que éste detenga su huida, instantes en que es reducido y detenido por el Cabo Segundo Benjamín López Garcés, con la cooperación del carabinero Claudio Alvarado Inostroza”.
“A raíz de los disparos recibidos, la víctima Gabriel Felipe Allende Torres resulta con 9 heridas contusas abrasivas en la extremidad superior izquierda, 6 perdigones en flanco izquierdo y dorso ipsilateral (del mismo lado) y un perdigón en glúteo izquierdo, lesiones de carácter menos graves”.

Los casos críticos. El aumento de pensión a Allende Torres fue timbrado un día después de que la cartera de Interior publicara el decreto exento que subió el monto del beneficio para Andrés Enrique Fuica Fuica, 42, condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar, el 22 de octubre de 2019.

En este caso también se abrió una causa que lo registró inicialmente como víctima de tiros de perdigón disparados ese día, pero la sentencia a 2 carabineros lo excluyó de las víctimas acreditadas del caso. Hay una segunda causa abierta donde mantiene esta calidad, la que se encuentra sin formalizados.
El mismo día en que aumentaron el dinero para Fuica, Interior publicó, además, la pensión de gracia concedida a Juan Francisco Villalobos Prado, quien se encuentra prófugo de la Justicia por estafa. En su caso, el INDH se querelló por tortura con abuso sexual calificado, basado solo en su testimonio.
Las 3 pensiones —de Allende, Fuica y Villalobos— son parte de las 270 entregadas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Estas se suman a 148 otorgadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera —que incluyeron la otorgada a Gustavo Gatica Villarroel, quien quedó ciego por un tiro policial.
Según dijo el subsecretario Manuel Monsalve en septiembre pasado, del total de 418 pensionados por gracia, 40 tenían antecedentes penales: 23 de favorecidos durante este gobierno y 17 en el anterior.
La controversia generada a raíz de la revelación de estos casos por Ex-Ante derivó en una ofensiva de la oposición: la UDI envió un oficio al Presidente Boric para que reevalúe “el mérito de las pensiones que fueron otorgadas por hechos del estallido social a personas con antecedentes penales”. La iniciativa se sumó a la propuesta de reforma constitucional que presentó RN para revocar los beneficios otorgados desde principios de 2022.
Monsalve anunció este jueves el ingreso de 2 mociones parlamentarias para obtener la facultad de revocar las pensiones vitalicias entregadas tras el 18-O.
También dijo que se revisarán los prontuarios de los postulantes antes de entregar nuevos beneficios para, así, evitar que casos como estos se repitan.