La definición de la Cámara. Por una hora y cinco minutos discutió la comisión especial investigadora que analiza el caso Convenios para definir cuándo y en qué calidad citar al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.
- La instancia de la Cámara de Diputadas y Diputados, que a ratos fue tensa y tuvo recriminaciones cruzadas entre parlamentarios, finalmente zanjó citar a Crispi, por tercera vez, para el 6 de noviembre. Además se definió que deberá concurrir en la calidad de su actual cargo, es decir, jefe de asesores de la Presidencia.
- La fecha se definió considerando que se espera que a finales de octubre la Contraloría entregue nuevos antecedentes respecto de los convenios que autorizaron traspasos a fundaciones por parte de los gobiernos regionales.
- Y este punto es de especial relevancia: La comisión investigadora definió citar a Crispi luego de que el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, señalara en la instancia que fue el sociólogo, en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional, quien validó a la Fundación ProCultura para el pintado de fachadas por $630 millones (con un valor de $260 mil por metro cuadrado).
En busca de una estrategia. En el Ejecutivo ya está definido que Miguel Crispi asistirá a la comisión, incluso antes de que la instancia zanjara en qué calidad era citado y para cuando. Esto, considerando que en la carta que envió el pasado 17 de octubre a la secretaría de la Cámara, señaló que se ponía a disposición y que “espero responder vuestras inquietudes de manera presencial o por escrito, en relación a los actos de gobiernos ejecutados en el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo”.
- Pero, en un nuevo revés para el diseño de La moneda, la comisión decidió citarlo como jefe de asesores del Segundo Piso.
- Primero, el ministro Cordero levantó la tesis de que Crispi no estaba obligado a ir a la mencionada comisión, ya que él es un funcionario contratado a honorarios y, a su juicio, la ley solo contempla que lo hagan los funcionarios públicos.
- Esta tesis se cayó cuando el contralor Jorge Bermúdez señaló que todos los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas.
Entonces Cordero sostuvo que el tema que ya no estaba en juego en el caso de Crispi, sino la concurrencia al Congreso de funcionarios de la Presidencia de la República. - La idea tampoco convenció al Socialismo Democrático y, sin margen de acción, envió una carta a la comisión Investigadora señalando que iría, pero en calidad de ex Subsecretario de Desarrollo Regional. Nada de ello ocurrió.
Cómo hacer frente a las preguntas. En el gobierno consideran que se debe salir lo antes posible del nuevo flanco del caso Convenios generado por la definición de Crispi de excusarse, en dos ocasiones, de asistir a la comisión.
- Por eso ahora están enfocados en delinear una estrategia que establezca qué preguntas que formulen los diputados el próximo 6 de noviembre va a contestar y en cuáles se va a amparar bajo el secreto de su cargo.
- Los integrantes de la comisión ya tienen definido consultarle por su rol como Subdere en la instalación de los distintos Seremi, la aprobación del convenio de la Fundación ProCultura, y cuándo se enteró Crispi y el Presidente Gabriel Boric del caso Democracia Viva.
- Todo eso, considerando, además, que Crispi está en calidad de imputado.
La respuesta a Contraloría. En paralelo a que el Ejecutivo termina de delinear dicha estrategia, se espera que este martes La Moneda le responda a la Contraloría los motivos por los cuáles consideraron que Crispi no debía asistir a la comisión investigador.
- En este punto, el gobierno definió responder el último día y no solicitar prórroga.
- La idea del gobierno, señalan fuentes, es que el contralor Jorge Bermúdez entregue un dictamen lo antes posible.
- De todas formas, lo que venga en esa respuesta de Bermúdez ya hay meridiana claridad considerando que el contralor señaló la semana pasada en la misma comisión investigadora que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”.
A la espera del dictamen. Desde que La Moneda envíe la respuesta oficial a la Contraloría y que Crispi asista al Congreso, pasarán 13 días. En ese plazo el ente contralor podría entregar un dictamen respecto de la solicitud de la comisión que planteaba” iniciar el procedimiento administrativo sancionador que se establece en el artículo 10 de la LOC del Congreso Nacional”.
- “Si se produce el hecho que busca la Cámara (que Crispi concurra a la comisión) pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría y por lo tanto ya no tendría sentido una respuesta”, explicitó Bermúdez la semana pasada.
- Pero para los parlamentarios se debe generar un precedente: “El contralor, en términos jurídicos, habla a través de sus dictámenes, y lo que tiene la obligación el contralor es de responder una solicitud expresa de una comisión investigadora (…). Si de aquí al día 6 de noviembre el señor contralor no ha dicho nada, bueno entonces probablemente como comisión nos veamos en obligación de insistir en la pregunta”, explicitó el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).
- Los parlamentarios, además, esperan que pese a que Crispi asista el próximo 6 de noviembre, se le aplique una sanción considerando que declinó ir a la comisión en dos ocasiones.
