Qué observar. El venezolano Ovicmarlixon Josué Garcés Briceño, detenido en la Cárcel de Alta Seguridad está imputado por homicidio de carabineros en funciones, porte o tenencia de arma de fuego prohibida y secuestro, receptación de vehículo motorizado, conducción de vehículo motorizado con placa patente de otro vehículo, robo con violencia y disparos injustificados. Pese a lo anterior, el Juez Daniel Urrutia le otorgó beneficios.
- En su caso Fiscalía pide una condena de 83 años de cárcel por el asesinato del Cabo 1° de Carabineros Daniel Palma Yáñez, ocurrido la noche del 5 de abril de 2023, cuando el suboficial realizaba un control policial en Santiago Centro recibiendo un disparo en el rostro. El hecho generó conmoción pública y la visita del Presidente Gabriel Boric y los ex Presidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera al velorio.
- Ovicmarlixon Garcés, es uno de los 13 reclusos incluidos en la nómina elaborada por el Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia para recibir beneficios carcelarios como visitas, videollamadas y la orden de no registrar las reuniones de los detenidos con sus abogados.
- Gendarmería se opuso a la medida, ya que varios de los imputados, pertenecen a organizaciones criminales nacionales e internacionales y modificar el régimen carcelario supondría un riesgo para la seguridad. Gendarmería presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago que suspendió los beneficios decretando una orden de no innovar.
- La actuación del juez Urrutia ha generado fuertes críticas en el mundo político y el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, respaldó a Gendarmería y calificó el hecho denunciado de “gravísimo”.
Causas de otros tribunales. El 19 de enero el juez Urrutia visitó las instalaciones de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Tras ello el 22 de enero envió un oficio al alcaide del recinto penitenciario solicitándole otorgar diversos beneficios carcelarios respecto a 13 internos.
- “Informando su cumplimiento a este juez dentro del tercer día bajo apercibimiento de desacato”, señala el documento.
- El juez cita las reglas de Naciones Unidas en materia de Tratamiento de Reclusos, así como otros tratados internacionales, señalando que se recomienda para los privados de libertad “mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares. Esto previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dure el encarcelamiento”.
- Por ello, ordenó otorgar videollamadas con familiares a 7 internos, visitas a 4 internos y respecto a dos solicitó que las entrevistas con sus abogados sean grabadas visualmente y no por audio.
- Gendarmería respondió al juez a través de un oficio de Sebastián Ramírez, abogado de la oficina de asistencia jurídica, que la solicitud no correspondía, ya que 9 de los 13 casos no eran competencia del tribunal de Urrutia, sino que eran causas vistas por distintos tribunales del país.
- Respecto a no grabar el audio de los encuentros con los abogados, se señaló que la solicitud era improcedente porque eso nunca se realiza. Aun así, detalla que se han detectado casos de abogados que “manteniendo entrevista privada vía plataforma Zoom con sus representados, proceden a mantener un aparato celular, logrando contacto de sus representados con terceros ajenos al proceso”, dice Gendarmería.
- Pero además se refiere al riesgo que implica la medida de vistas y videoconferencias: “el régimen penitenciario del R.E.P.A.S. (Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad) obedece a la Política Nacional contra el Crimen Organizado, siendo esta el conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar; siendo dichas organizaciones criminales nacionales o transnacionales pudiéndose entremezclarse distintos niveles de organización criminal”.
- “En síntesis, lo resuelto por el tribunal ha impedido el mandato legal y reglamentario que se le ha ordenado a cumplir a Gendarmería de Chile, poniendo en jaque la Administración Penitenciaria, dado que el perfil de la población penal del R.E.P.A.S. pertenecen a Bandas Criminales organizadas, asociadas a elementos delictivos que permean altamente la seguridad no solo del resto de la población
penal sino de la seguridad nacional”.
Vistas carcelarias. Los cuatro casos que sí correspondían a causas vistas por el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago, donde se desempeña Urrutia son:
- Ovicmarlixon Garcés, imputado por el homicidio del cabo Palma. Urrutia había autorizado la visita de su madre al centro penitenciario.
- También autorizó la vista de la madre de David Alexander Fuentes Escalona, otros de los imputados en el caso del crimen del cabo Palma. Venezolano de 24 años, conocido como “El Araña”, fiscalía solicita 43 años de cárcel por robo con violencia, homicidio frustrado y Disparos injustificados, además de robo con intimidación con retención de personas.
- En un error, el documento del Juez Urrutia intercambió los nombres de ambas mujeres.
- El juez también pidió otorgar videollamadas de familiares a José Alberto Candurín Meléndez y no registrar las visitas de su abogado de Yondri Javier Martínez Garcés. Ambos venezolanos están vinculados una banda de secuestradores, grupo conocido como “Caracas” y que están siendo investigado por posibles homicidios. En 2023 protagonizaron un incidente en la cárcel, que lideró el líder del Tren de Aragua, Carlos González Vaca, que quedó registrado en un informe de Gendarmería.
- Entre los otros beneficiados, que no corresponden al juzgado de Urrutia, hay miembros de bandas criminales como Los Gallegos, uno de los brazos del Tren de Aragua.
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