El sinceramiento del gobierno. A menos de una semana de que finalice 2024 ya está claro que el presidente Gabriel Boric no cumplirá la promesa que realizó con mayor estruendo en su cuenta pública del 1 de junio: la ampliación de la ley de aborto —actualmente en tres causales— que prometió ingresar al Parlamento antes del fin de este año.
- Fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien tuvo que salir a dar explicaciones, al ser consultada sobre ese compromiso en el programa Tolerancia Cero, este lunes en la noche.
- Orellana, visiblemente incómoda con el tema —sobre el cual el gobierno no había dado ninguna explicación— atribuyó el retraso a problemas técnicos y político.
- Al referirse al tema técnico señaló que se trataba de un problema en Contraloría, consistente en que el 31 de mayo el Ejecutivo ingresó para su toma de razón las modificaciones al reglamento del aborto en tres causales. Eso habría desatado una serie de objeciones de otras instituciones, como los partidos de derecha, la Conferencia Episcopal de Chile, y organizaciones feministas.
- “Es un proceso muy habitual”, señaló Orellana, quien sin embargo no explicó por qué se hizo la promesa de iniciar el trámite en el Congreso antes de fines de año con la toma de razón todavía en curso.
- El tema político consistiría en que actualmente, según la ministra, se está conversando con los diversos sectores para llegar a un “máximo viable”. Sin embargo, esa afirmación es tajantemente desmentida desde sectores de la derecha, que afirman que el tema no se ha conversando nunca en la Comisión de Mujer de la Cámara.
- Una de las ideas del gobierno, siempre según Orellana, sería poner como plazo máximo para permitir el aborto las 14 de semanas de gestación.
Efectismo político. Todos los antecedentes sobre el tema apuntan a que la inclusión del aborto en la cuenta pública fue más bien un mensaje efectista, dado que no se conocen avances y —un punto no menor— la propia gestación del anuncio fue rodeada de secretismo y todo indica que tomada a última hora.
- La cuenta de junio no tenía muchos avances que presentar, sobre todo para su propio sector, ya que estuvo enfocada en seguridad y en otros temas más bien ajenos al ideario de su principal núcleo político, Apruebo Dignidad (FA-PC).
- El anuncio en el Congreso desató malestar en la oposición y en el Socialismo Democrático, que reclamó que un tema de esa envergadura no se le hubiera comunicado. Una escena que reflejó lo anterior fue la retirada del Congreso de algunos personas apenas se divulgó la iniciativa, entre ellos Javier Macaya, entonces presidente de la UDI.
- Después de poco más de un mes, el tema prácticamente desapareció de la agenda. Las últimas intervenciones de Orellana fueron en julio, cuando insistió en que el proyecto de ley se presentaría en diciembre.
- Todo indica que dos obstáculos políticos ya auguraban que la iniciativa no avanzaría. El primero son las propias dudas en el Socialismo Democrático.
- La segunda —y más obvia— es que en enero la agenda del Congreso estará monopolizada por la reforma de pensiones.
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