-En el sitio de Fundación Daya, dedicada al cannabis terapéutico, aparece una foto tuya como fundadora. Eso ha suscitado dudas entre parlamentarios, que acusan conflicto de interés.
– Yo fundé la fundación, pero no tengo ningún vínculo desde que decidí ser candidata a diputada. Obviamente siempre voy a ser la fundadora con mucho orgullo. Pero ya no tengo ningún cargo en la Fundación desde el momento que decidí ser candidata. Se ha levantado una sospecha a raíz de que aparentemente yo no había declarado cuáles fueron mis actividades antes de ser diputada.
-En la declaración de intereses y patrimonio aparecía como “reservada”. ¿Por qué?
-Eso es falso. Fue un problema con un botón que tiene que ver con la visibilización. La declaración está intacta. Trabajé los primeros seis meses sin sueldo, porque yo era directora ejecutiva ad honorem de la Fundación Daya.
–La norma dice que “Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico”.
-El documento que me acaba de firmar Miguel Landeros, secretario general de la Cámara, despeja todas las dudas… Mi propósito no es un negocio, sino democratizar el acceso a la cannabis con fines medicinales.
–¿La usas también con objetivos recreativos?
-A esta altura de mi vida, acercándome a los 60 años, mis usos son terapéuticos. En algún momento de mi vida puede haber sido recreativa. Pero la verdad es que desde hace tiempo la uso para fines terapéuticos. Soy usuaria diaria de cannabis, pero no es ningún negocio para mi. Tomo mi aceite de cannabis todas las noches porque gracias a eso combato mi insomnio. No solo para mí. Mi padrastro, que hoy día está en un Parkinson muy avanzado, también lo usa. Yo ejerzo mi derecho a cultivar cannabis.
-¿En un artículo en Ex-Ante decías que te habían llegado ofertas muy grandes del extranjero? ¿Como cuáles?
-Por ejemplo, ser embajadora de una compañía internacional de cannabis.
-¿Cuál?
-Prefiero no decirlo. Lo que me importa es ser la voz de los casi 4 millones de usuarios de cannabis en este país con fines medicinales. Ha sido un camino difícil, largo. Imagínate haber podido tocar tantas vidas, incluso haber acompañado a morir personas, con esta alternativa terapéutica que ha traído tanto bienestar, tanto alivio.
–La Fundación Daya la fundaste en 2013, sin fines de lucro, pero en 2016 ingresó la empresa australiana Auscann Group Holding Limited para formar en partes iguales la sociedad Dayacann Spa. El capital fue de US$1.760.000. ¿Por qué tomaron esa decisión?
-La Fundación no tiene recursos propios, no tiene capital, más allá de lo que pusimos, no tiene espalda. No quedó otro recurso que buscar socio. Lo cierto es que los australianos se fueron después de un rato, porque esto no es algo que de utilidad. Y finalmente entraron como socios un grupo chileno que se llama Grow por Chile.
-Pero es un gran negocio también, que tiene mucho potencial de crecimiento.
-Una apuesta futura. Porque hoy día no es negocio. Para mí lo fundamental es luchar contra la permanente criminalización y persecución de los pacientes. El reciente fallo de la Corte Suprema, que revocó sentencia y acogió el recurso de amparo de Elías Ortega, usuario medicinal de cannabis, es una muestra de cómo la recién promulgada ley 21.575 (conocida como ley antinarco), ha protegido el derecho al auto cultivo con fines medicinales.
-Dices que no has recibido un peso, pero es un mercado multimillonario. 30 mil millones de dólares en el mundo y US$ 24 millones en Chile.
-Para mi no es ningún negocio. Busco que los precios sean lo más bajos posible. La Liga Chilena de la Epilepsia promociona un producto de cannabis, que vale $ 540.000 mensuales. Hay familias en Chile que hacen bingos para comprar ese fármaco, porque no saben que existe la alternativa de formulación magistral que vale $60 mil en cinco cadenas de farmacias.
-¿Cómo observas el lado violento del tráfico ilegal de marihuana? ¿La adicción que produce?
-Es terrible. Pero mientras el Estado no decida quitarle el negocio al narco vamos a seguir teniendo esa situación. Hay que arrebatarle el mercado a los delincuentes.
-Juan Irarrázaval, del Partido Republicano, denunció presuntas irregularidades en los convenios de Daya con 11 municipios.
-Me parece muy bien que los diputados expresen su rol fiscalizador. Lo que no me parece bien es que mientan irresponsablemente. Irarrázaval miente. Estamos estudiando querellarnos con el diputado.
-También dice que hubo mal uso de recursos. “Se compraron chocolates, viajes y el internet de la diputada Gazmuri”, sostuvo el legislador.
-Cuando el diputado dice chocolate es carne molida. Parece desconocer que en la fundación llegaron a trabajar hasta 80 personas a las cuales se les cocinaba. Está todo rendido. Pongamos un mínimo de rigor. Lo que se esconde detrás es una postura ideológica de prejuicio y estigmatización hacia el cannabis.
-¿El hecho que la hayas fundado no genera un tipo de conflicto de interés como parlamentaria?
-¿Por haber fundado hace diez años la Fundación?
-Además diriges la Comisión de Salud y promueves el uso de cannabis con fines recreativos también.
-No he presentado ningún proyecto. Lo que yo hice no solo siendo diputada, sino toda la vida, es participar en estos temas. Lo hice cuando se empezó a tramitar la Ley Antinarco y también en otros intentos legislativos. La ley anti narco, como estaba, podría servir para perseguir pacientes. Participé, por supuesto, en comisiones.
-En marzo dijiste: “Tenemos un proyecto con gran apoyo para legalizar el cultivo recreativo, necesitamos avanzar en esa línea y será el inicio del combate contra el narcotráfico”. ¿Eso no vulnera el reglamento del Congreso?
-La iniciativa para proteger el cultivo personal recreativo se perdió en el Senado. Esta iniciativa tenía por objetivo proteger el autocultivo para uso personal adulto y no la regulación de un mercado. El autocultivo para uso personal adulto y para fines medicinales es una realidad en Chile y Latinoamérica y respetar esa vía de acceso es un imperativo.
Por supuesto que yo integré la comisión mixta, porque es un tema de mucha importancia. Aquí estamos hablando de la situación de pacientes que eran detenidos. Entonces, ¿cuál podría ser el conflicto de interés? No lo comprendo. ¿El conflicto de interés es que no metan presos a los pacientes?
-Pero sigues teniendo lazos con la Fundación Daya, donde están tu marido y dos hermanos tuyos.
-No tengo conflicto de interés. Nadie de mi familia recibe remuneración alguna en la fundación.
-¿Tienen otros trabajos que les permitan sustentarse?
-Mis hermanos tienen sus propios trabajos y sustentos, no participan activamente en la operación de la fundación, salvo las reuniones de directorio para conocer los avances y aportar sus visiones. Los directores han sido siempre ad honorem como en toda fundación. Mi marido no percibe honorarios por dirigir la organización. Renuncié a mi rol de directora ejecutiva ad honorem de Fundación Daya, cuando decidí ser candidata.
-¿Qué respondes a las críticas de parlamentarios como Andrés Celis (RN) y Daniel Lilayu (UDI) sobre posibles conflictos de interés? Este último dijo: “La diputada va a tener que aclarar sus votaciones en diversos proyectos de ley donde se ha analizado, por ejemplo, el tema de drogas”.
-Encantada les aclaro las dudas a los diputados Celis y Lilayu, con quienes comparto en la Comisión de Salud, y nada me han preguntado. El diputado Celis señala que deberé aclarar mi votación en diversos proyectos, pero la verdad es que el único proyecto votado en relación al tema drogas fue la ley 21.575, que busca mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. En ese proyecto, que comenzó su tramitación el año 2020, se incluyó indicación que modifica el artículo 8° de la ley 20.000, que aclara y explicita mejor el derecho a autocultivo personal cannabis con fines medicinales.
