Qué observar. Con miras a la Cuenta Pública del Presidente Boric de este sábado, la ministra Camila Vallejo escribió este jueves en sus redes sociales lo siguiente: “Cuando llegamos al Gobierno, había mucho abandono por parte del Estado en diversas materias. Hemos logrado estabilizar el país con buena gestión y voluntad política”.
- Todo apunta a que el haber estabilizado el país será la idea eje del discurso de Boric. De ahí que la publicación de Vallejo contrastó con las cifras entregadas esa misma jornada por la ministra Carolina Tohá en materia migratoria, una de las más sensibles para la ciudadanía en todos los estudios de opinión.
- La ministra planteó que no hay control sobre el paradero de 28 mil migrantes con orden de expulsión.
Crítica minuta. Esta semana comenzó a circular en la oposición una minuta de 8 páginas de Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones en Piñera 2, denominada “Informe migraciones 2024: Avances a la tercera cuenta pública del gobierno del Presidente Boric”.
Ingresos clandestinos. El texto indica que, según los datos proporcionados por la PDI, entre 2018 y 2021 -vale decir, bajo la administración Piñera- se registraron un total de 87.792 ingresos clandestinos al país. El promedio mensual fue de 1.829 personas.
- Entre 2022 y 2024, con Boric en La Moneda, se han registrado 108.802 ingresos clandestinos, lo que representa un promedio mensual de 3.886 personas.
- “El aumento de la población migrante, ahora a más del 8% de la población total, ha presionado el gasto público, la vivienda, la salud y la educación, además de incrementar el crimen organizado y la población penitenciaria extranjera”, dice el informe.
Expulsiones de extranjeros. Entre 2018 y 2021 se llevaron a cabo un total de 1.326 expulsiones administrativas -que son resorte del Ejecutivo- y 5.431 expulsiones judiciales (en promedio se realizaron aproximadamente 140,7 expulsiones mensuales).
- Entre 2022 y 2024 se han realizado 573 expulsiones administrativas y 1.850 expulsiones judiciales.
- La cifra representa un promedio mensual de 86,5 expulsiones.
Regularizaciones. “La política migratoria de Chile ha implementado un registro biométrico que ha abarcado a un total de 182.105 personas distribuidas en diversas regiones del país. Este registro ha sido fundamental para identificar con el objetivo futuro de, a través de la política migratoria, regularizar a los migrantes, pero también ha generado varias implicaciones y desafíos”, indica el texto.
- En cuanto a la nacionalidad de los registrados, el 90,9% son venezolanos, el 3% colombianos y el 1,7% bolivianos.
- “La política migratoria actual permite que cualquier persona registrada biométricamente y con un contrato de trabajo o una relación sentimental o familiar obtenga una visa. Esto envía un mensaje problemático de que no es necesario ingresar legalmente al país para obtener regularización, lo que puede incentivar la migración irregular y presionar aún más las fronteras de Chile”, se añade.
Criminalidad. El texto señala lo siguiente: “La criminalidad asociada a la población migrante en Chile es un tema complejo y multifacético que requiere una evaluación cuidadosa y basada en datos. A pesar de representar solo el 8% de la población total del país, los migrantes constituyen el 13% de los victimarios en casos de homicidio y el 14,4% de la población penitenciaria. Estas cifras subrayan la necesidad de una gestión migratoria que no solo se enfoque en la integración, sino también en la seguridad y el control del crimen. Esta preocupación es aún mayor en el norte del país, donde en regiones como Tarapacá, más del 50% de los presos son extranjeros, y la cifra de homicidios duplica al promedio nacional”.
- “A marzo 2023, con un 14,4% de la población carcelaria siendo migrantes, existe una clara mayoría de estos frente a los nacionales, lo que contribuye (y contribuirá, si es que el Gobierno no toma medidas efectivas), al colapso total del sistema carcelario”.
