Qué observar. Un nuevo revés judicial sufrió el acalde de Recoleta, Daniel Jadue, que cumple prisión preventiva desde el 3 de junio en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
- La mañana de este jueves, y tras un día de deliberación, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, acogió la solicitud de los querellantes y ordenó congelar los bienes del ex abanderado presidencial del PC.
- La jueza Katherinne Román señaló que “concurren los presupuestos legales para decretar medidas cautelares reales”.
- La jueza indicó que los bienes del imputado tienen un valor sumado aproximado de $500 millones.
- La empresa Best Quality querellante en la causa y que acusa al alcalde de los delitos de cohecho y estafa en un negocio con la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp) por $1.000 millones por la compra de mascarillas y otros insumos médicos, había solicitado mediante un recurso al tribunal una medida cautelar real, consistente en la prohibición al imputado para hacer traspasos o celebrar contratos con los bienes de su propiedad.
- Esto con el objetivo de que Jadue pague con esos bienes las deudas que tendría con la empresa en caso de ser declarado culpable.
- El Consejo de Defensa del Estado, también pidió que se congelaran los bienes del alcalde. Esto debido a que Jadue está formalizado por tres delitos de fraude al fisco, ya que Fiscalía lo acusa de “engañar” mediante informes falsos al consejo municipal de Recoleta para que autorizarán traspasos de fondos a Achifarp, asociación que él presidía.
- Dentro de estos delitos está la compra de dispositivos de audición por trato directo y con sobreprecio, la compra de glucómetros, pese que había sobrestock en las bodegas de Recoleta, y un aporte por $204 millones para fabricar Interferón para el Covid-19, pese a que el medicamento no contaba con autorización del Instituto de Salud Pública, y los dineros se ocuparon para pagar deudas de Achifarp.
Los bienes. Según información comercial y también la declaración de intereses y patrimonio del alcalde fechada el 27 de marzo, Jadue posee cuatro propiedades.
1) Una casa en La Reina donde vive. El inmueble en Palmas de Mallorca fue adquirida en 2004. Según su declaración de patrimonio tiene un avalúo fiscal de $200.209.206.
2) Una casa en Huechuraba, en un condominio en Camino del Roble, con avalúo fiscal de $154.200.248, adquirida el 24 de abril de 2020. De la que es dueño de un 50%.
3) Un departamento en Recoleta, en calle Juárez Larga con avalúo fiscal $45.504.692 más una bodega por $4,9 millones. Inmueble adquirido en 2014.
4) Un local comercial en avenida Recoleta, en Patronato, con avalúo fiscal $125.163.679 y del cual es dueño de un 33%
5) Además posee un automóvil Mini Coubtryman Cooper con avalúo de $8 millones.
El avalúo fiscal suele ser menor en un 30% a la tasación comercial de los inmuebles.
Monto defraudado. “La defraudación solo respecto a la empresa Best Quality asciende a una suma aproximada a los 1.000 millones de pesos. Si a ello le sumamos el perjuicio causado al fisco, que alcanza alrededor de 300 millones, más las multas asociadas a los ilícitos incurridos en perjuicio del fisco, estos debieran llegar a una suma aproximada de más de 2.000 millones de pesos”, señaló la jueza Katherine Román.
Recurso de la defensa. Quedó pendiente por otra audiencia el recurso presentado por la defensa de Jadue para rebajar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. La defensa ya había perdido un recurso de este tipo frente a la Corte de Apelaciones y también otro documento pidiendo el sobreseimiento de la causa.
- En paralelo un grupo de abogados ligados al PC y liderados por el ex diputado Hugo Gutiérrez, concurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, pidiendo la liberación del alcalde.
- Según señaló la diputada Carmen Hertz entre los abogados que concurrieron al organismo internacional se encuentra Gonzalo Boye, del Colegio de Abogados de Madrid, Rodrigo Liberona, Carlos Margotta, Rodolfo Yanzón, Ramón Sepúlveda (abogado personal de Jadue), Juan Carlos Manríquez y Enzo Morales.
Comisión investigadora. En tanto en el Congreso se aprobó esta semana una comisión investigadora para determinar las responsabilidades políticas en el caso de la Asociación de Farmacias Populares y la quiebra del organismo.
- La comisión estará “encargada de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno, especialmente, a las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, desde el año 2018 a la fecha, en relación al control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares”, señala la orden.
- La creación de la comisión fue aprobada por 82 votos a favor y 12 en contra, principalmente la bancada del PC. Hubo 10 abstenciones de parlamentarios del FA y el PS. Vea en este link el detalle de la votación.
