Qué observar. A finales de marzo, apoderados daban cuenta a través de redes sociales que los cuadernos que había entregado Junaeb venían con un instructivo sobre cómo avanzar hacia “comunidades no sexistas”, en el que se entregan definiciones del acrónimo LGBTQIA+.
- El hecho generó molestia por parte de algunos apoderados y la cuenta de Twitter “Con mis hijos no te metas” planteó un adoctrinamiento por parte del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
- Con ese contexto, este miércoles el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, junto con Paula Labra (militante del mismo partido), denunciarán ante la Contraloría la “vulneración del principio de legalidad del actuar de la Junaeb en la distribución de cuadernos del Programa de Útiles Escolares (en adelante, “PUE”) con un contenido distinto al establecido en el ordenamiento jurídico”, haciendo referencia a la ley 15.720 y el contrato entre el mencionado Servicio y TORRE S.A.
- Schalper y Labra argumentan que la distribución de cuadernos “fue precedida de las correspondientes bases de licitación y un contrato de ejecución del PUE año académico 2023”, el que señalaba que el contenido de los textos “se encontraría relacionado con el programa de obesidad de JUNAEB, sin mencionar concepto alguno relacionado con educación no sexista, ni con el acrónimo LGBTQI+”.
- La idea de los parlamentarios es que el contralor Jorge Bermúdez determine si la distribución de cuadernos “infringe el principio de juridicidad o de legalidad, por cuanto esta actuó fuera de sus competencias”.
- Con ello buscan declarar la ilegalidad del acto de Junaeb y determinar las responsabilidad por “este actuar inexcusable y grave de las autoridades y/o funcionarios públicos involucrados en los hechos denunciados”.
Juicio político. Alrededor de las 11:40 horas de este martes, los diputados Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, ambos de la UDI, Stephan Schubert (Republicano), Camila Flores y Gustavo Benavente, de RN, anunciaron la recolección de firmas (se necesitan 52) para una interpelación contra el ministro Ávila por la actualización del documento “orientación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”.
- Menos de media hora después, las diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, anunciaron que buscarían las firmas (10 en total) para iniciar una acusación constitucional contra la autoridad de Gobierno.
- La idea de realizar ambas herramientas de fiscalización del Poder Legislativo de manera paralela, generó cierta confusión en la oposición.
Análisis opositor. Las diputadas Muñoz y Concha ya tienen las firmas necesarias para ingresar el líbelo acusatorio. Incluso, desde Chile Vamos, parlamentarios están impulsando que no se insista con la interpelación y sólo se realice la acusación. Tal es el caso del diputado Schalper, quien fue el primer parlamentario del conglomerado político de derecha en anunciar su apoyo al juicio político.
- Según plantean diputados que han hablado con Schalper, el dirigente de RN considera que la interpelación es una mala idea.
- Pero la idea de utilizar esta herramienta fue de la UDI y por tanto, las mandamases del gremialismo plantean que no se harán parte de la acusación constitucional, pero que si la votación fuese hoy, la aprobarían.
- Algo similar ocurre con el Partido Republicano, donde algunos piensan que las diputadas Muñoz y Concha se adelantaron y realizaron un anuncio sin antes realizar un análisis ni preparar el documento de la acusación. Plantean que para el juicio político que presentaron contra el ministro Giorgio Jackson, se trabajó durante al menos dos semanas antes de anunciarlos.
- Así las cosas, los parlamentarios ya están trabajando en el documento que esperan presentar a más tardar la próxima semana y con ello se realizaría el cuarto juicio político en contra de un ministro del Presidente Gabriel Boric en 14 meses de mandato.
