Contexto. Hasta la sala 310 de la Cámara de Diputadas y Diputados llegaron integrantes de la comisión especial que investiga el caso Convenios por los traspasos realizados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fundaciones bajo el programa Asentamientos Precarios.
- La idea de la reunión era establecer un mecanismo para poder llegar a un informe de conclusiones de consenso para que luego sea votado por la sala de la Cámara Baja.
- A la secretaría de la comisión llegaron 5 informes y al acuerdo al que llegaron los parlamentarios en la reunión fue estudiar cada una de las propuestas de aquí al lunes y ese día a las 15:00 horas votar, hasta total despacho, el informe final con las conclusiones.
- En los documentos se plantea por parte de la oposición que existió la “consolidación de una red de corrupción”, que “un grupo de militantes de RD generaron en el aspecto institucional y político una serie de crisis y daños para su propio Gobierno” (esto lo plantean parlamentarios del PDG, PPD y Amarillos), y desde Chile Vamos estipularon que hubo “falta de voluntad por parte del Gobierno de cooperar” en la comisión investigadora.
- Desde el FA-PC fueron los únicos que plantearon que “no existió una estructura y operatoria montada por funcionarios del Minvu ni por terceros en el ámbito privado”.
El factor Montes. Desde hace alrededor de una semana que parte del equipo del ministro Carlos Montes, incluyendo a su jefe de gabinete, han conversado con los distintos sectores políticos para resolver dudas.
- Fuentes oficialistas señalan que en el Ejecutivo están particularmente interesados por intentar amortiguar las conclusiones a las que puede llegar la comisión en el contexto en el que la oposición tiene mayoría y en que se busca apuntar a la responsabilidad política del ministro Montes.
- La semana pasada, los diputados del comité Partidos Social Cristiano e independientes anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra de Montes, y, para algunos, las conclusiones de la comisión investigadora podrían ser un antecedente relevante para un eventual juicio político.
Las conclusiones. Los informes fueron presentados por: la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Rubén Oyarzo (PDG), Raúl Soto (PPD), Andrés Jouannet (Amarillos) y uno de Chile Vamos encabezado por el presidente de la instancia José Miguel Castro (RN). Otro documento lo formuló Yovana Ahumada (ind.) y el último informe de Mercedes Bulnes (Convergencia Social), Ericka Ñanco (RD) y Carolina Tello (PC).
- En lo que hay consenso entre todos es en que se deben entregar mayores facultades a la Contraría para que pueda fiscalizar a privados que reciban fondos del Estado. En esta misma línea, se plantea la creación de una plataforma con registro único para el control y transparencia activa de las fundaciones, corporaciones y ONG.
- También hay acuerdo en fortalecer el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y ampliar las facultades de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto de poder fiscalizar a los Gobiernos Regionales.
- En este punto se propone avanzar en una nueva legislación para establecer sanciones concretas a la no concurrencia a las citaciones de sus respectivas comisiones y a la no respuestas de oficios de fiscalización.
- Además, en los informes de los los parlamentarios establecieron los siguientes puntos de conclusiones, entre otras cosas:
1. Ministro Montes: El informe que contiene las firmas de Rubén Oyarzo, Raúl Soto y Andrés Jouannet busca hacer presenta la “molestia ante el nulo interés del Ministerio (de Vivienda) de participar de forma permanente en esta comisión”. Pero en la derecha son más duros.
- En Chile Vamos plantean que el jefe ministerial “debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las Seremi o Serviu”, lo que a su juicio es una “negligencia inexcusable”.
- Chiara Barchiesi como Yovana Ahumada plantean “exigir la responsabilidad política” del ministro Montes.
2. Javiera Martínez, directora de la Dipres: Se le apunta por la “flexibilización de requisitos por parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos” para la transferencia de recursos por parte de los Gobiernos Regionales. Esto lo hacen específicamente los diputados del PDG, PPD, Amarillos y Chile Vamos. Estos últimos también plantean que Martínez “no ejerció debidamente el control en el uso eficiente de los recursos públicos”.
3. Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso: Por parte de la oposición se le reprocha haberse negado en tres ocasiones a concurrir a la comisión investigadora, lo que según plantea Chile Vamos, “no se trató de una decisión individual del asesor presidencial”, ya que “el Gobierno salió a blindar al señor Miguel Crispi”.
- Chile Vamos también plantea que el reconocimiento de Crispi de que a él le llegó un “rumor” 9 días antes de que estallara el escándalo de Democracia Viva, es señal de que “el asesor decide omitir estos antecedentes al Presidente y remitirlos a la subsecretaria de Vivienda, con quien comparte militancia en RD”.
- En el caso del informe presentado por Rubén Oyarzo, Raúl Soto y Andrés Jouannet se plantea que “no es posible soslayar la responsabilidad de Miguel Crisp, sindicado como responsable directo en el nombramiento de diversas autoridades de Gobierno”.
- Ambos informes cuestionan la permanencia de Crispi como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda.
4. Giorgio Jackson y subsecretaria Carolina Pérez: En la oposición también apuntan a dos exautoridades del Gobierno y a la actual subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez. En el caso de esta última, los diputados del PDG, PPD y Amarillos señalan que “llama la atención que este Gobierno no haya determinado desvincular a todos quienes se vieron ligados a la Fundación Democracia Viva, como el caso de la exasesora del senador Juan Ignacio Latorre (RD) y actual subsecretaria de Patrimonios, Carolina Pérez (RD)”.
- Sobre Giorgio Jackson lo responsabilizan por el “retraso en el nombramiento” de los integrantes del CAIGG, como exministro de la Segpres.
- Y en el caso de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, Chile Vamos plantea que, por el correo que recibió por parte de los funcionarios de la Seremi de Antofagasta en mayo de 2023 en que se denunciaba la situación de Democracia Viva, ella “debió comunicar estos hechos al ministro Montes y poner los antecedentes en poder del Ministerio Público”.
- “El cumplimiento de este deber es evidente y por tanto el reproche en el caso de doña Tatiana Rojas excede lo meramente político y alcanzaría eventualmente lo administrativo-penal”.
