Pablo Cádiz y Lorena Ferraro
Fuertes diferencias ha generado en la Nueva Mayoría la propuesta del Gobierno de impulsar una ley corta donde se fijaría como requisito para todas las casas de estudio tener al menos cuatro años de acreditación y no contar con sociedades que permitan el lucro.
La propuesta –que se socializó ayer con parlamentarios del oficialismo – dejaría fuera a tres universidades estatales: la UTEM, la Universidad de los Lagos y la Universidad Arturo Pratt, todas ellas con tres años de acreditación.
El senador DC Ignacio Walker manifestó que “tiene que haber un trato equitativo respecto de universidades que estén dentro o fuera del Consejo de Rectores. ¿Cómo se hace? Estableciendo requisitos objetivos, que en la medida que los cumplan esas universidades puedan acceder a los requisitos de gratuidad”.
Con todo el senador dijo que “si por la aplicación de ciertos requisitos objetivos tres universidades estatales quedan fuera, debiera igualmente compensárseles por algún otro mecanismo tipo aporte basal o aporte fiscal directo para no perjudicar a los alumnos vulnerables de esas tres universidades estatales”.
Digamos las cosas como son: Esta ha sido una política pública mal concebida desde el día uno. Yo lo he dicho, hay que distribuir con equidad los recursos destinados a los alumnos igualmente vulnerables
Mientras Walker se abrió a la propuesta, el presidente del PPD, Jaime Quintana, advirtió que “cualquier intento de quebrar al Cruch va a generar una división en la Nueva Mayoría”.
“Es una propuesta que quiebra con el Cruch, que es una aspiración histórica de la derecha, que Lavín lo intentó hacer muchas veces, especialmente el 2011”, dijo Quintana, aludiendo a una propuesta presentada por el entonces ministro de Educación que buscaba terminar con la distinción entre universidades del Cruch y privadas, atendiendo a sus años de acreditación.
Hoy día podemos tener algunas universidades estatales con algunas dificultades, pero eso no es responsabilidad necesariamente de los rectores, de los académicos y de los estudiantes. Es responsabilidad también del Estado, que ha abandonado a su suerte a muchas universidades
Quintana manifestó que “el gobierno está procediendo con miedo, y no se puede gobernar con miedo. Si la derecha va a seguir amenazando con que va a recurrir nuevamente al TC, bueno, que lo haga, que saque número, que instale una carpa afuera del TC y recurra en todas las leyes, pero que asuma su responsabilidad: son ellos los responsables de haber dejado en suspenso, en vilo a miles de estudiantes”.
En este sentido, Quintana remarcó que apoyar esta propuesta implicaría “permitir este quiebre en el Cruch y dejar tres universidades abandonadas a su suerte, como han estado muchas de ellas hasta ahora, independientemente que se les garantice un convenio marco especial”.
“Nosotros planteamos la gratuidad no para excluir a universidades del Estado”, recordó.
En esta misma línea los senadores PS Fulvio Rossi y Rabindranath Quinteros emplazaron al Gobierno a "partir haciéndose cargo de sus propias universidades"
"Las universidades estatales regionales de zonas extremas como lo son la universidad Arturo Prat, y la universidad de Los Lagos han sido abandonadas por el Estado durante décadas. Tienen menos aportes estatales, más alumnos vulnerables y bajos aranceles", remarcaron los legisladores, quienes representan las zonas donde dichos planteles tienen sus casas centrales.
Para los parlamentarios PS "sería una pésima señal que la gratuidad partiera con la universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo, dejando fuera a universidades del Estado. Más grave aún es el hecho que en los próximos días comienza el proceso de postulación a las instituciones de educación superior y esta incertidumbre puede agravar la situación.
"El TC en ningún caso ha señalado que el Estado no pueda priorizar a sus propias instituciones y debe hacerlo", concluyeron.
Debido a las diferencias que ha generado la propuesta, es que durante las últimas horas ha ido perdiendo fuerza.
