El Presidente Gabriel Boric ingresó este jueves al Congreso el proyecto de la nueva Ley de Pesca, normativa que redefine el fraccionamiento entre los sectores industrial y artesanal La tramitación de la iniciativa original fue empañada por la sombra de las condenas por cohecho y soborno hace cerca de una década.
Durante el último año, el Ejecutivo realizó un proceso de diálogos liderado por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, que constó de más de 160 encuentros con el sector artesanal y 10 encuentros regionales con los industriales.
Entre sus ejes centrales, la nueva normativa pretende plantear un desarrollo sostenible de la actividad; "equidad social"; un enfoque científico-técnico; elementos de combate a la pesca ilegal; y modernización de la regulación.
Así, por ejemplo, establece obligatoriedad de planes de manejo para todas las pequerías y también definirá el fraccionamiento de los recursos pesqueros entre artesanales e industriales, de acuerdo "a criterios científicos y de equidad interregional e intrarregional", dice una minuta del Ejecutivo.
En concreto, esto significa aumentar de un 15% a un 50% el porcentaje de recursos que se le asignan al sector industrial mediante licitaciones públicas, pero bajando de un 85% a un 50% el que se le asigna mediante criterios históricos de captura.
"La ley de pesca vigente consolidó los denominados derechos históricos del sector industrial creando las Licencias Transables de Pesca clase A (LTP-A), con una duración de 20 años y posibilidad de ser renovadas. Además, le corresponde el 85% de las asignaciones de la fracción industrial", señala la minuta.
Por otro lado, mantendrá las primeras cinco millas como Área de Reserva para la Pesca Artesanal (ARPA) para la operación exclusiva de estos y reconocerá legalmente a las organizaciones de estos pescadores.
