El contralor general de la República, Jorge Bermúdez asistió la mañana de este lunes a la Comisión Investigadora por el Caso Convenios en la Cámara de Diputadas y Diputados y encendió las alarmas en La Moneda porque aseguró que el jefe de los asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi, debería acudir a la instancia como una “autoridad pública”.
Desde el gobierno, sin embargo, manifestaron su preocupación por estos dichos del contralor Bermúdez y advirtieron que, si se somete al jefe de asesores de La Moneda al mismo régimen jurídico que el resto de los funcionarios públicos y autoridades, podría generar un precedente para el futuro.
“No quiero parecer dogmático, pero es una convicción: en un estado democrático uno de los principios fundamentales es rendir cuentas, dar cuenta significa: dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma. Cualquier persona que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas independientes de la denominación que tenga su cargo”, sostuvo Bermúdez en la comisión.
Crispi es requerido por su rol como subsecretario de Desarrollo Regional entre marzo y septiembre del 2022, pero pese a que ha sido citado a la comisión investigadora en dos oportunidades, no ha asistido.
“El contralor ha anunciado que se le va a requerir informe al señor Miguel Crispi, él deberá responder, pero adicionalmente es necesario tener presente que, de lo que se dictamine en este caso, no solo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino que para cualquier presidencia que se suscite en el futuro”, advirtió el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Gobierno manifiesta su preocupación por la citación a Crispi
Pese a que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ya había expresado las diferencias del Gobierno de Gabriel Boric con la posición expresada por el contralor Bermúdez en la comisión investigadora, el ministro Luis Cordero salió la tarde de este lunes a explicar en detalle la situación.
“En opinión del Ejecutivo, existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el propio Congreso en materia por ejemplo como la Ley del Lobby, que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto”, enfatizó el titular de Justicia.
“En términos sencillos, el ejercicio intelectual de cualquiera que nos está viendo debiera realizar, incluida la oposición, es que más allá de la situación de Miguel Crispi, si se fijara un estatuto equivalente en el caso de la Presidencia con el resto de las instituciones públicas, entonces todos los jefes de gabinete y asesores del segundo piso de administraciones pasadas y futuras debieran comparecer a las comisiones investigadoras con los efectos que eso produzca”, detalló.
“No es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas, es cuál es el sistema de rendición de cuentas correcto y adecuado para circunstancias como estas”, complementó.
Cordero ejemplificó con la citación, en 2015 a la jefa de asesores de la expresidenta Michelle Bachelet, de parte de una comisión investigadora, pero finalmente la misma instancia le solicitó responder preguntas mediante un oficio de fiscalización.
“Esto dejó de ser un asunto que comprometa al señor Miguel Crispi, esto es un asunto que tiene que ver con la Presidencia de la República, y respecto a esta Presidencia de la República en particular no hay nada que ocultar porque todos los autos están siendo sujeto de investigación por parte de las autoridades respectiva”, insistió el ministro Cordero.
“Yo llamaría a todos quienes han intervenido a mirar las consecuencias que tiene para el sistema institucional que se está tergiversando en torno al régimen jurídico al cual está sometida la Presidencia de la República”, agregó.
“La intervención del contralor hoy ha provocado, y lo que provoca la consulta de la comisión investigadora, es que, si el contralor dictamina de que las personas que prestan servicios en la Presidencia están sujetas a las mismas obligaciones de rendición que todo el resto de los funcionarios y las autoridades, significa, por lo tanto, que la Presidencia de la República pasa a tener el mismo estatuto, cosa que hasta ahora ha sido tratado de modo distinto”, siguió.
“Dada la forma en que se ha tratado la discusión, hoy la decisión final quedó en manos de la dictaminación de la Contraloría, en la obligación o no de la comparecencia, y en el caso de la obligación de comparecer a qué está obligado a declarar, fundamentalmente por las características de la información protegida que tienen aquellos asuntos que se deliberan en la Presidencia de la República”, finalizó Cordero.
