El máximo tribunal del país evidenció ayer algo que todos sabemos, pero que nadie ha podido resolver en muchos años: la precaria realidad que viven los 42 mil presos que existen en el país. Una realidad que se agudiza frente a la extensión del coronavirus. La Corte Suprema evacuó un informe dramático sobre la realidad que viven los internos producto del virus, precisando que los recintos penitenciarios no cuentan con las exigencias mínimas para impedir que los reclusos se enfermen.
“El sistema de hacinamiento es una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede producir un brote que no podemos controlar. Esto no es una novedad, incluso el ministro (Hernán Larraín) ha gestionado leyes nuevas para descomprimir las cárceles”, dijo ayer Lya Cabello, de la fiscalía judicial de la Corte Suprema.
Efectivamente Justicia se ha movido los últimos días. No sólo con la ley de Indultos conmutativos COVID-19, que tras superar su tramitación legislativa y su paso por el Tribunal Constitucional debería ser promulgada en las próximas horas, para que los primeros presos salgan de las cárceles a continuar la pena en arresto domiciliario durante el fin de semana. También para agilizar el proceso de libertades condicionales que podrían recibir un número importante de reclusos que acceden al beneficio, entre otras razones, por haber cumplido la mitad de la condena que se les impuso, salvo los casos de delito más graves, en los cuales se exigen bastante más años antes de acceder a esta salida alternativa.
Las comisiones deciden
Las comisiones de las 17 Cortes de Apelaciones que existen en Chile son las encargadas de definir esta solución dos veces al año: en abril y en octubre. Sin embargo, en la situación actual, cuando el coronavirus se tomó la agenda, y el riesgo de que efectivamente ocurra una tragedia porque no se han descomprimido los recintos –ya hay reclusos y gendarmes contaminados en varios recintos penitenciarios- que el Ministerio de Justicia envió el jueves pasado, un oficio a la Suprema para que apure este proceso.
Con fecha 9 de abril, el ministerio de Justicia solicitó “que se constituyan a la brevedad posible todas las Comisiones de Libertad Condicional”, toda vez que hasta ese momento, sólo 5 de las 17 comisiones habían sesionado, estando al debe las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Copiapo, Valparaíso, La Serena, Rancagua, Santiago, San Miguel, Concepción, Temuco Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, que estaban retrasadas o bien aún no recibían de Gendarmería todos los datos de quienes eran susceptibles a salir de las cárceles.
De hecho, el lunes pasado, la Corte Suprema entregó un plazo fatal para que las cortes tomen una determinación final. Y ese plazo vence hoy, por lo que las comisiones que todavía están al debe tienen que sesionar durante el día. Estas son Punta Arenas, Valdivia, Rancagua y Copiapó.
En abril de 2019, se solicitó libertad condicional para aproximadamente 2.000 reos, y se concedieron cerca de 750 en todo el país. En abril de este año, van a haber más de 3.000 solicitudes, según estimaciones del poder judicial. Y entre las comisiones que ya sesionaron se entregó el beneficio a 755 personas, muy similar al año pasado.
El gobierno ha intentado dar la mayor benevolencia, pero la decisión se encuentra en manos de los jueces, y la nueva ley instauró nuevas exigencias. Pese a todo se espera que el número de quienes reciban el beneficio suba en relación al año pasado, si bien entre indultos y libertades condicionales, quienes podrán dejar las cárceles no serán más de 2500 personas, lo que abre el debate sobre si esto logrará evitar los brotes.
