La Comisión de Hacienda despachó las indicaciones introducidas por el Gobierno a la ley corta de gratuidad ingresada ayer.
La instancia debió sesionar de urgencia luego de un problema en la redacción del texto, que no consideraba la situación de las universidades del G9 que son fundaciones. Según el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, la situación se produjo por un "olvido" del Gobierno.
Este mediodía la vocera de Gobierno (S) Javiera Blanco fue enfática en descartar un error en el texto enviado ayer: "El texto que nosotros hemos enviado y se analizó ayer es un texto correcto. Otra cosa es que para tranquilidad de todos los parlamentarios frente a cualquier nosotros estemos dispuestos a hacer las precisiones que haya que hacer, lo que no quiere decir que haya problema alguno en torno a la redacción".
"La redacción es correcta, pero también sabemos que queremos gratuidad. Si eso pasa por hacer precisiones las vamos a hacer", enfatizó.
La portavoz del Ejecutivo recordó que toda esta situación se produce en un contexto adverso tras el fallo del TC: "Podríamos haber estado discutiendo antes, pero tuvimos que esperar el fallo".
Pasadas las 13 de la tarde, la Cámara de Diputados inició la revisión de los cambios aprobados por la Comisión de Hacienda.
Aprueban aumento de recursos para becas de IP y CFT
Por otro lado, la comisión de Hacienda aprobó aumentar de 850 a 900 mil el monto destinado para las becas destinadas a estudiantes de Institutos profesionales y Centros de Formación Técnica.
"El valor de la beca para los estudiantes a que se refiere este párrafo cubrirá hasta un monto de $900 miles anuales, o hasta el arancel efectivo si éste fuere inferior a dicha suma, en la medida que las instituciones en que éstos se matriculen cuenten, al 31 de diciembre de 2015, con una acreditación vigente de cuatro o más años, de conformidad a la ley", señala la nueva redacción del texto.
El proyecto se discutirá este martes en la Sala de la Cámara de Diputados, que trabaja con premura para poder enviarlo al Senado.
La ley corta busca entregar gratuidad a las universidades estatales por “derecho propio”, mientras que a las privadas tradicionales (G9) se les exigirán los mismos requisitos que a las privadas que no pertenecen al Cruch: contar con al menos cuatro años de acreditación y no lucrar. Por otro lado, los CFT e IP sin fines de lucro no ingresarán formalmente a la gratuidad, pero recibirán un incremento en las becas.
Si bien el proyecto fija “la obligatoriedad de las universidades estatales de garantizar gratuidad a estudiantes", les plantea como requisito alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional, de acuerdo a los criterios fijados para el resto de los planteles privados.
