La comisión revisora de la acusación constitucional aprobó el texto que acusa al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, de no lograr el cuidado del principio de probidad, entre otros puntos.
Con tres votos a favor y dos en contra, la instancia recomendó a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobar el libelo que busca destituir de su cargo al titular de Vivienda, que es cuestionado por los coletazos del Caso Democracia Viva.
Las bancadas de diputados del Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Republicano, y algunos representantes de la UDI y Renovación Nacional (RN) presentaron hace dos semanas la acusación constitucional contra el ministro Montes.
El libelo consta de cinco capítulos, según explicó la diputada del PSC Francesca Muñoz, y lo acusan de no lograr control jerárquico en su cartera, tampoco eficiencia y eficacia en su ministerio, además de no lograr el cuidado del principio de probidad.
La misma diputada Muñoz será la encargada de defender la acusación constitucional en la sala este jueves, cuando todos los parlamentarios y parlamentarias se deban pronunciar.
Recordemos que para ser aprobada y avanzar al Senado, el texto debe tener el respaldo de al menos 78 diputadas y diputados, es decir, no basta solo con la derecha, sino que también se requiere del respaldo de representantes del centro político, como el Partido de la Gente (PDG), Demócratas, Amarillos, la Democracia Cristiana (DC), o independientes.
Por qué se le acusa al ministro Montes
La oposición, que impulsó este juicio político contra el ministro Montes, lo apunta por eventuales responsabilidades en decisiones vinculadas al Caso Democracia Viva, que involucró a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, y que marcó el inicio del Caso Convenios.
El primer punto que cuestiona la contestación es que la acusación se basa en el principio de responsabilidad objetiva, es decir, que el ministro debería responder por cualquier hecho ocurrido en el ministerio. Sin embargo, desde la defensa de Montes aseguran que las acusaciones constitucionales se basan siempre en la responsabilidad subjetiva, que debe analizarse el grado de diligencia del ministro en sus actuaciones.
El libelo también asegura que el ministro no cumplió con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las secretarías regionales ministeriales (seremis), por la ejecución del programa de asentamientos precarios, entre 2022 y 2023, que incluyó el Caso Democracia Viva.
Junto a ello, se dice además que el ministro infringió la ley al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución de dichos programas. Asimismo, al no denunciar los delitos respecto de los cuales habría tomado conocimiento.
