La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, volverá a sesionar este martes, a dos días de que el libelo sea revisado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y se comience a definir el destino del secretario de Estado.
La semana pasada la defensa del ministro Montes, a cargo del abogado Pablo Ruiz-Tagle, presentó sus argumentos y para este martes están citados la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y el jefe de los asesores de Presidencia, Miguel Crispi, aunque se desconoce si acudirán.
La oposición, que impulsó este juicio político contra el ministro Montes, lo apunta por eventuales responsabilidades en decisiones vinculadas al Caso Democracia Viva, que involucró a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, y que marcó el inicio del Caso Convenios.
¿Por qué se le acusa al ministro Montes?
Las bancadas de diputados del Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Republicano, y algunos representantes de la UDI y Renovación Nacional (RN) presentaron hace dos semanas la acusación constitucional contra el ministro Montes.
El libelo consta de cinco capítulos, según explicó la diputada del PSC Francesca Muñoz, y lo acusan de no lograr control jerárquico en su cartera, tampoco eficiencia y eficacia en su ministerio, además de no lograr el cuidado del principio de probidad.
El primer punto que cuestiona la contestación es que la acusación se basa en el principio de responsabilidad objetiva, es decir, que el ministro debería responder por cualquier hecho ocurrido en el ministerio. Sin embargo, desde la defensa de Montes aseguran que las acusaciones constitucionales se basan siempre en la responsabilidad subjetiva, que debe analizarse el grado de diligencia del ministro en sus actuaciones.
El libelo también asegura que el ministro no cumplió con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las secretarías regionales ministeriales (seremis), por la ejecución del programa de asentamientos precarios, entre 2022 y 2023, que incluyó el Caso Democracia Viva.
Junto a ello, se dice además que el ministro infringió la ley al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución de dichos programas. Asimismo, al no denunciar los delitos respecto de los cuales habría tomado conocimiento.
