El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella por el delito de fraude al fisco contra todos quienes resulten responsables de la entrega de las millonarias pensiones en Gendarmería.
El libelo apunta a que al interior de la institución se habrían realizado una serie de maniobras orientadas a la obtención de pensiones por sobre el tope legal de 60 UF.
En el libelo se menciona a título "ilustrativo" el caso de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería y ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), cuya pensión de $5,2 millones generó una serie de cuestionamientos.
La querella se conoce luego que la Contraloría emitiera un dictamen que ordenaba iniciar el proceso de invalidación de la pensión de Olate y otros 10 funcionarios.
En dicho documento se mencionaban al menos dos informes donde se alertaba de la improcedencia de la incorporación de Olate en Dipreca. La primera oportunidad fue en 2012, cuando se ordenadó trasferir sus imposiciones al sistema de AFP ya que no cumplía con los "requisitos" para estar en el sistema previsional de Carabineros y Gendarmería.
La segunda alerta fue en octubre de 2014, mediante un informe de seguimiento, en el que “se dejó constancia que la objeción antes referida no había sido corregida".
Por otro lado, el informe de la Contraloría señaló que las remuneraciones percibidas por Olate y que sirvieron de cálculo para la pensión de retiro, figuraba el "pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización”.
Dentro de las diligencias ordenadas por el CDE se encuentra citar a declarar a los ex funcionarios beneficiados por las millonarias pensiones, entre ellos a la propia Olate. Junto con esto se requiere la confección de un listado de todos los trabajadores que han jubilado en Gendarmería, donde se detalle las que superan el tope legal de las 60 UF.
