La jefa de gabinente del senador UDI Jaime Orpis, Viviana Quiroz, declaró el pasado 29 de julio en el marco del caso Corpesca.
En su testimonio ante la fiscal Ximena Chong, la funcionaria detalló su rol en la obtención de boletas de honorarios a Corpesca por servicios inexistentes, los que habrían servido para financiar la campaña senatorial del parlamentario.
Es por este caso que la fiscalía solicitó el desafuero de Orpis, a quien se le imputa fraude al fisco, lavado de activos y cohecho.
Según publicó hoy La Tercera, Quiroz detalló que los fondos se conseguían de la siguiente forma: “El senador me decía ‘sabes, me conseguí $5.000.000’ y yo me conseguía a la persona que hiciera la boleta por ese monto y ellos me entregaban la boleta, cambiaban el cheque y me depositaban a mí”.
Es en este contexto -según el medio- la funcionaria declaró que “las personas a quien yo les pedía boletas es mi círculo cercano de amistades y familiares”.
“Lorena Lara, fue, ya no es, nuera mía. Carolina Gazitúa es casada con mi sobrino Alexis Quiroz. Francisca Cuellar es amiga mía de Iquique. A su vez, Carolina Gazitúa se consiguió boletas de Muriel Teixido, casada con mi sobrino. Está también mi sobrino Marcelo Quiroz, a quien Carolina le pidió boletas. Y Rodrigo Ortega, que es un amigo que tuve en Iquique”, detalló.
Descarta traspasos de su sueldo al senador
Otra de las aristas del caso apunta a un presunto fraude al fisco. La solicitud de desafuero apunta a que el senador habría utilizado un procedimiento para obtener, a través de la emisión de servicios "inexistentes" por parte de asesores, dineros del Congreso destinados a asesorías para beneficio personal.
Es en este contexto que la fiscal Chong consultó sobre el uso de sus remuneraciones: “Es para mis propios gastos”, dijo.
Luego de esto -consigna La Tercera- la funcionaria descartó haber entregado parte de su remuneración al parlamentario: “A su pregunta, al senador Orpis no le devuelvo nada de mi sueldo”.
Ayer, la Corte de Apelaciones declaró admisible la solicitud de desafuero y dio un plazo de cinco días a la fiscalía y los querellantes para pronunciarse respecto de si el caso debe quedar radicado en el tribunal de alzada de Santiago o Valparaíso.
En tanto, la UDI dio una señal de respaldo al legislador: "Tenemos mucha confianza en Jaime Orpis, todo el mundo lo conoce, hay que dejarle tiempo a que se defienda".
