Este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal por delitos tributarios en contra del abogado Luis Hermosilla, además de Leonarda Villalobos y Luis Alberto Angulo, esto en el marco del denominado "Caso Audios".
La acción legal se centra en la supuesta presentación de declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, que habrían causado un perjuicio fiscal que supera los $1.014 millones.
Cabe señalar que se trata de la primera acción judicial que impulsa la entidad bajo el mando de Javier Etcheberry, quien asumió en reemplazo de Hernán Frigolett.
Según la querella, Hermosilla habría declarado ingresos significativamente menores a los que realmente percibió durante los años tributarios 2020 a 2024. Mediante maniobras tributarias fraudulentas, habría evadido más de $800 millones en impuestos.
Por su parte, Villalobos -cónyuge de Angulo- habría realizado prácticas similares, junto con haber participado activamente en la manipulación contable de la empresa Asesorías y Negocios Commercia SpA, de la cual su esposo es representante legal.
Según el texto legal, la empresa habría registrado falsas compras y ventas, utilizando facturas emitidas por compañías fantasmas, lo que resultó en una declaración de pérdidas artificiales por $770 millones.
Junto con destacar la gravedad de los delitos, además de la deliberación y complejidad de las maniobras empleadas, la querella argumenta que existe un dolo evidente por parte de los acusados, fundamentado en el conocimiento personal y la experiencia de ellos en temas legales y tributarios.
También piden formalizar a funcionarios SII y TGR:
Según pudo saber en exclusiva T13, la Fiscalía no solo buscará imputarle cargos a Hermosilla y Villalobos, sino también a dos funcionarios públicos involucrados en el caso: un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) y otro de la Tesorería General de la República.
Aunque sus nombres están bajo reserva, fuentes del caso comentaron que el funcionario del SII habría recibido pagos para ayudar a los abogados de Factop -firma indagada por la emisión de facturas falsas- a gestionar documentos y trámites internos.
Los pagos no superarían los 300 mil pesos, pues se analizaron cartolas bancarias y las salidas y entradas de dineros en la cuenta del funcionario público.
