Según la última encuesta de Plaza Pública Cadem, la mayoría de los chilenos se muestra en contra de la necesidad de redactar una nueva Constitución. El 49% de los encuestados se opone a este proceso, mientras que el 46% está a favor.
La necesidad de una nueva Constitución sigue siendo un tema más respaldado entre los jóvenes (56%), los sectores socioeconómicos más bajos (51%), los habitantes de Santiago (54%), y quienes se identifican con la izquierda política (89%).
Por otro lado, el 43% de los chilenos considera que lo adecuado es reformar la actual Constitución según lo necesario, un 30% prefiere cerrar el tema constituyente por completo, y solo el 19% aboga por iniciar un nuevo proceso.
Si se analiza la perspectiva a largo plazo, un 73% de los encuestados afirma que votaría de la misma manera que en septiembre de 2022. Entre ellos, el 87% de los que aprobaron el proceso seguirían haciéndolo, mientras que el 90% de los que rechazaron también mantendrían su postura.
Las principales razones para votar a favor del nuevo texto constitucional incluyeron los derechos sociales (76%) y la necesidad de cambios estructurales (75%). En contraste, quienes votaron en contra destacaron la desconfianza hacia los constituyentes (52%), la incertidumbre política y económica (35%), y las restricciones a la libertad y propiedad privada (35%) como razones principales.
Las reformas consideradas más urgentes para el futuro del país son la de seguridad (48%), seguida por la reforma del sistema de pensiones (32%), la reforma al Poder Judicial (28%), y la reforma al sistema político y al Congreso (27%).
En cuanto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, la encuesta muestra que un 32% de los chilenos aprueba su administración, lo que representa una disminución de 3 puntos, mientras que un 58% desaprueba, marcando un aumento de 2 puntos.
Entre las instituciones con mejor evaluación, Bomberos encabeza la lista con un 97%, seguido por la Policía de Investigaciones (PDI) con un 80% y la Armada con un 79%. En contraste, las instituciones con las calificaciones más bajas son los Tribunales de Justicia, con un 25%, el Congreso con un 17% y los partidos políticos con un 14%.
