El medio digital Ciper publicó varios chats entre la actual ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, realizados entre 2018 y 2023, donde ella le pide apoyo para llegar a la Corte Suprema.
Después de que ella asumió en el cargo en 2018, Hermosilla incluso le preguntó en 2021 si tenía posibilidad de integrar sala en una causa que le interesaba y que involucraba a la PDI.
Producto de estas revelaciones, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, convocó a un Pleno para mañana y un grupo de diputados señaló que presentaría una acusación constitucional en contra de la ministra.
Ángela Francisca Vivanco Martínez nació en Santiago el 9 de marzo de 1963 (61 años). Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica jurando como abogada en mayo de 1989. También tiene un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña, en Galicia, España.
Antes de ser pareja de Gonzalo Migueles, estuvo casada con el abogado Raúl Madrid, quien fue Secretario General de la Universidad Católica entre 2000 y 2010 y de quien se separó. Tienen una hija.
Ha tenido una larga labor en la academia. Fue profesora y directora de investigación en la Facultad de Derecho Público de PUC. También fue Decana y Vicerrectora Académica de Derecho de la Universidad Santo Tomás hasta 2016.
De hecho el 11 de julio pasado asistió a un homenaje que le hizo la Facultad de Derecho de la UC por sus 40 años de docencia organizado por sus ex ayudantes, entre ellos el ministro del Tribunal Constitucional, Miguel Ángel Fernández, el ex subsecretario de la Segpres, Máximo Pávez y el abogado Juan Esteban Montero. El evento congregó a más de 220 personas. Según notas de El Mercurio y La Segunda, allí se vio al ex fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, al vicepresidente del Senado, Matías Walker; a los supremos, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue; el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y al constitucionalista José Luis Cea, profesor y mentor de Vivanco, entre otros.
Su ingreso a la Corte Suprema en 2018 fue inusual ya que no es una jueza de carrera. El entonces presidente Sebastián Piñera optó por Vivanco quien ingresó en un cupo como abogada externa. Su nombre generaba resistencia entre los parlamentarios de izquierda por su pasado político y por su sello conservador.
A mediados de los ‘90 tuvo notoriedad pública como presidenta del partido Unión Centro Centro, del fallecido empresario Francisco Javier Errázuriz. Fue una de las primeras mujeres en dirigir una colectividad política junto a Gladys Marín (PC) y Laura Rodríguez (Alianza Humanista).
Fue candidata a diputada en 1997 por El Bosque, La Cisterna y San Ramón en cupo de RN, donde obtuvo el 4% de los sufragios. En esa época trabajó en la unidad de fiscalización del Instituto Libertad.
El 2002 dijo a la Revista Sábado que había decidido dejar la política, “porque no estoy dispuesta a condicionar ninguna opinión ni postura mía a las de intereses políticos contingentes”.
En el mundo privado trabajó como asesora de Empresas UC y de la Asociación Nacional de Televisión A.G, fue Fiscal en la AFP Planvital y en la Compañía Renta Nacional de Seguros Generales (ambas de Francisco Javier Errázuriz).
En su rol de abogada alegó en contra de la despenalización del aborto en tres causales ante el Tribunal Constitucional, representando a los diputados de Chile Vamos y asesoró en el Congreso a quienes se oponían a la iniciativa. Ya en 2001 era contraria a la distribución de la píldora del día después. Representó a la UC en el recurso de protección en contra del protocolo de objeción de conciencia de la Ley de aborto, pidiendo que se acepte la objeción de conciencia institucional.
Sin embargo, ya en la Suprema sorprendió con un voto a favor en un fallo que permitió el cambio de sexo registral a una persona trans. Ella ha señalado en privado que es católica “aunque con una visión ponderada, no activista ni ultraconservadora”.
Es integrante de la influyente Tercera Sala que preside el juez Sergio Muñoz. El fue uno de los mayores impulsores de constituir la Comisión de Ética para que aclarara las denuncias contra los jueces.
Alcanzó a ser un año y medio vocera de la Corte Suprema. Desde ese cargo marcó un estilo más directo y político que su antecesora en la vocería, la jueza Gloria Ana Chevesich. Vivanco lideró las críticas del Poder Judicial a las reformas que estaba preparando la Convención Constitucional. Manifestó en varias entrevistas sus reparos a medidas como limitar la duración de los jueces o la justicia indígena.
Era muy cercana al ex presidente de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes. Sin embargo, él mismo le pidió dar un paso al costado como vocera el 6 de junio de 2023, tras una controversial entrevista en La Tercera, donde Vivanco manifestó su interpretación personal del fallo de la Tercera Sala que obligaba a las Isapres a devolver fondos a los cotizantes. La ministra precisó que “los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, lo que no estaba acordado.
En julio pasado, presentó un recurso para inhabilitar a dos jueces de la Comisión de Ética de la Corte Suprema -Andrea Muñoz y el presidente del máximo Tribunal, Ricardo Blanco- por “manifiesta animadversión” en su contra y emitir juicios previos, dejando al descubierto un conflicto interno dentro de la Corte.
Vivanco pidió también anular todo lo obrado por el organismo que anunció un proceso administrativo contra ella y otros tres jueces -Mario Carroza, Jean Pierre Matus y María Teresa Letelier- para determinar eventuales irregularidades o tráfico de influencias en el nombramiento de funcionarios judiciales.
Vivanco argumentó que la ministra Muñoz “ha solicitado expresamente, y de forma reciente, que se incoe un procedimiento disciplinario en mi contra, y, además, ha realizado múltiples declaraciones contra mi persona durante el último año”.
La ofensiva de Vivanco dejó en evidencia los bandos y pugnas al interior del Tribunal. La jueza, conocida por su carácter firme y frontal, ya había advertido a sus pares su negativa a ser notificada en la indagatoria.
El caso se había iniciado a raíz de un reportaje de Ciper que dio a conocer una conversación por WhatsApp entre la pareja de la jueza Vivanco, Gonzalo Migueles, con el fiscal regional de Aysén Carlos Palma, sobre supuestas ofertas para que éste reemplace a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte y curse un doctorado. Los diálogos fueron encontrados por Fiscalía en un pantallazo que envió el propio Palma al celular del abogado Luis Hermosilla, imputado en el Caso Audios. También se mencionan supuestos llamados para la designación del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
