Medidas "improvisadas", sin considerar la opinión de expertos y una estrategia que habría buscado la "propagación" coronavirus en Chile. Estas son solo tres de las duras críticas que se formulan al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el texto de la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios de la oposición.
El texto, de 50 páginas, será remitido al ex titular del Minsal, quien podrá ejercer sus descargos e incluso pedir que el libelo se considere como no interpuesto. En caso que esta "cuestión previa" se rechace, la Cámara deberá votar y, en caso de aprobar la acusación, el Senado deberá actuar como juez y, de declararlo culpable, Mañalich no podrá ejercer cargos públicos por hasta cinco años.
La acusación constitucional -que se suma a la investigación que lleva adelante la fiscalía por el eventual rol de las autoridades sanitarias en las muertes producto de la pandemia- cuenta con dos capítulos, y este es el detalle.
Parte 1: Vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas.
Con esto, aseguran, se habría infringido el artículo 19 N°1 y N° 9 de la Constitución y los artículos 1.1 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta parte apunta a una presunta falta de preparación e "improvisación" de las medidas para enfrentar la pandemia.
"El ministerio contaba con amplias atribuciones y facultades para adoptar las medidas adecuadas para el resguardo de la salud de la población, cuestión que se omitió, con el resultado de miles de contagios y muertes que pudieron ser evitadas", aseguran los parlamentarios.
En esta parte recuerdan los dichos del propio ministro, quien en una entrevista con T13 afirmó que "el esfuerzo aquí no es que nadie se contagie" sino que "lo hagan de una manera lenta", lo que daría cuenta de una estrategia de inmunidad de rebaño, desatendiendo las recomendaciones de expertos.
A esto, agregan, se realizaron anuncios que causaron "confusión y aglomeraciones"; "falta de preparación e insumos", donde acusan una definición demasiado especifica de casos sospechosos e informaciones "contradictorias" sobre el acceso a residencias sanitarias.
Y acusan una "ausencia de un plan de trazabilidad" durante la gestión de Mañalich. "Las medidas implementadas en relación a este punto no fueron suficientes, pues nunca se logró seguir eficientemente el rastro de los casos y sus contactos"; además de medidas "insuficientes e inoportunas" para el aislamiento de casos sospechosos.
En otra de las partes de la acusación, los parlamentarios aseguran que el ministro habría "amenazado la vida e integridad física" de personas que viven con VIH, luego de las denuncias de usuarios y usuarias dadas a conocer por T13.
En esta parte, acusan a Mañalich de tener una "pésima gestión de la crisis y falta de preparación" respecto de esta materia, a tal punto que un grupo de usuarios recurrió a la justicia para asegurar la entrega trimestral de los medicamentos, como lo indica Onusida.
Parte 2: Vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad
En esta parte, los parlamentarios acusan un "ocultamiento de las cifras y mal manejo de éstas", a partir de las diferencias entre lo reportado en un principio por el Minsal en sus informes diarios y lo informado a la OMS.
En esta parte, los parlamentarios citan el informe de Contraloría que advirtió la omisión de 34 mil casos de coronavirus que no habían sido informados por las autoridades.
Y advierten una "falta de mecanismos de control" en el cumplimiento de notificación a los pacientes en el sistema de Epivigila, que es donde los médicos ingresan los datos de los pacientes Covid.
"Las inconsistencias del DEIS e Epivigila constituyen una clara infracción al principio de publicidad y sobre todo teniendo en cuenta que de dicha información se toman decisiones de política pública", advierten.
Aunque no forma parte del escrito, existen parlamentarios que en las últimas horas han señalado que buscarán incluir las declaraciones efectuadas por funcionarios del Minsal ante la fiscalía, quienes aseguran que los informes que entregaba Mañalich se realizaban a partir de un sistema "paralelo".
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Por otro lado, los parlamentarios acusan faltas a la probidad administrativa en el contrato entre el gobierno y Espacio Riesco para montar un recinto para pacientes menos graves, y que la contraloría objetó por no estar debidamente justificado en cuanto a su necesidad y sus valores.
En el escrito se enfatiza que "los ministros de Estado responden por sus actos, ya sea por delitos cometidos o por infringir los preceptos legales o dejar de aplicarlos", y remarcan que es el articulo 52 de la carta fundamental el que dispone que esta acción podrá interponerse ante una autoridad en ejercicio, o en un máximo de 3 meses desde que dejó el cargo.
"Esta acusación se presenta dentro de tiempo y forma", aseguran en el escrito liderado por la parlamentaria Claudia Mix (Partido Comunes, en la foto)
"No tenia un plan" y buscó "propagación progresiva del virus"
El texto de la acusación constitucional hace un repaso del manejo de la pandemia por parte de Mañalich, asegurando que "sus dichos tienden a minimizar la importancia que tiene el virus, lo cual genera que la comunidad no reaccione adecuadamente a la implementación de las medidas sanitarias".
Y no solo esto: señalan que "la estrategia que se estaba implementando era de la mitigación, buscando la propagación progresiva del virus".
Los parlamentarios relatan que si bien el gobierno afirmó que se estaba preparando desde enero, una serie de acciones darían cuenta de un manejo errático de la pandemia.
En este sentido, señalan que "a pesar de que la recomendación de los expertos internacionales y científicos nacionales iba en la línea de bajar la movilidad de las personas y con ello las aglomeraciones, el 16 de marzo fuimos testigo de grandes filas de personas de alto riesgo que esperaban ser vacunadas contra la influenza en la campaña de vacunación temprana que había impulsado la autoridad sanitaria".
Esto, señalan, daría cuenta que el entonces ministro "no tenía un plan para llevar a cabo el proceso de vacunación de manera que evitara las aglomeraciones de personas adultas, niños, niñas y embarazadas, sino que este se fue construyendo sobre la marcha lo que ciertamente contribuye al incremento de la propagación del COVID-19 entre la población".
A esto, dicen, se sumaron las denuncias de falta de stock de vacunas, dando cuenta -dicen- de un "actuar sobre la marcha" ya que se trataba de "era una situación previsible"
Luego citan los dichos efectuados por el ministro el 16 de marzo, donde afirma que “hemos tenido un comportamiento de crecimiento muy rápido. Esta curva de crecimiento estimamos que va a durar no menos de 8 semanas y no más de 12 semanas, según nos han señalado los expertos”.
“No hay motivo para tener pánico. Esta es una enfermedad que afecta a pocas personas, que la mayoría de las personas que sean afectadas van a tener una enfermedad muy leve, algunos van a necesitar hospitalización”, afirmó ese día.
A la fecha se contabilizan más de 12 mil muertos en el reporte diario y 16 mil de acuerdo al boletín epimiológico, por lo que señalan que "ciertamente la proyección mencionada por el
Ministro no se cumplió ni en términos de la duración ni del impacto que tendría en la salud de la población".
A esto, añaden, el 18 de marzo el ministro rechazó la propuesta del Colegio Médico de decretar una cuarentena total, argumentando que había que asegurar el abastecimiento de suministros básicos. Y recuerdan que ya el 20 de marzo la presidenta del gremio, Izkia Siches, advertía sobre una entrega de datos "incompletos, inconsistentes"
Y el 21 de marzo el consejo asesor del Minsal advertía que "sobre el 90% de los casos no estaba aislado en recintos asistenciales o bajo supervisión del personal sanitario, manteniendo riesgo de diseminación as las familias y consecuentemente a la comunidad".
Más adelante los parlamentarios cuestionan la decisión informada el 7 de abril donde se decide levantar la cuarentena en lo Barnechea, Vitacura y Providencia, además de la zona norte sur de Ñuñoa y Santiago. Esto pese a que se registraban más de 5 mil casos.
También objetan la creación del denominado "carnet de alta", anunciado el 9 de abril por Mañalich, quien afirmó que se daría a las personas que "hayan vencido la enfermedad, debido a que corresponderían a una población inmune al virus e incapaz de transmitirlo". Un mes después, se dio pie atrás.
Luego, desde mediados de mayo se comenzó a utilizar el concepto de nueva normalidad, para ir retomando "paulatinamente nuestra vida". Incluso, recuerdan la frase de la subsecretaria Paula Daza en que afirmó que sería posible ir a tomar un café con los amigos, se anunció un supuesto retorno a clases para mayo y el gobierno habló de un plan de "retorno seguro", que comenzaría con los funcionarios públicos.
"Todas estas medidas que se iban comunicando día a día a la ciudadanía generaban una sensación de notable mejoría acerca del control de la pandemia, en circunstancias que los hechos nos han indicado que estábamos lejos de alcanzar ese estado", afirman los acusadores.
En tanto, el 2 de mayo, Mañalich dice que a pesar de que se está librando "la gran batalla de chile" aseguró que "nos estamos acercando a una meseta de casos nuevos".
Sin embargo, a fines de ese mismo mes, el entonces ministro reconocería que las proyecciones "con que me seduje en enero, han caído como un castillo de naipes" y admite que "hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía".
"En paralelo, se hace evidente que los esfuerzos para lograr la trazabilidad se vuelven insuficientes", aseguran los parlamentarios en el escrito. Recién el 3 de junio se anuncia la incorporación de la salud primaria en esta labor
Y recuerdan que en junio, tras un informe de Espacio Público, el gobierno realiza un cambio en la metodología para contabilizar a los fallecidos, tomando como base los datos del registro civil, y añadiendo 653 muertes que no habían sido consideradas.
Y el 13 de junio, tras conocerse un reportaje de Ciper que abordaba un subreporte de casos en Chile respecto de lo que se informaba a la OMS, Jaime Mañalich deja su cargo.
Es por todo esto que aseguran que Mañalich no habría ejercido sus potestades legales "de manera apropiada", incluso, dicen, "se puede evidenciar decisiones imprudentes y erráticas".
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