El Gobierno de Chile dio a conocer el acta de Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que se desarrolló el pasado 5 de febrero y que tenía como objetivo principal analizar la posible actuación de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas, como la región Metropolitana, en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica.
Al consejo asistieron, además de los representantes del gobierno, de ambas cámaras del Congreso, del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, los comandantes en jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, y los directores de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
En la ocasión, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, planteó que ellos están preparados para la protección de infraestructura crítica porque lo hacen, por ejemplo, en sus propias instalaciones, pero aseguró que en tareas de orden público que signifique interactuar con la población, carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado.
Iturriaga enfatizó que están disponibles a colaborar si es que existe un proceso de transición para la acción del Ejército en zonas urbanas, siempre que haya claridad legal sobre deberes y roles, es decir, un marco jurídico robusto, que no promueva la impunidad, sino que la existencia de reglas claras y protección legal adecuada.
El comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, compartió los dichos del Ejército, pero se abrió a colaborar al interior de perímetros que sean resguardados por las policías.
Además, planteó la necesidad de aumentar los recursos materiales y humanos, lo que fue secundado por el comandante en jefe del Ejército, quien solicitó potenciar el servicio militar y hacerlo más atractivo para los y las jóvenes, mostrándolo como una posibilidad de seguir una carrera profesional o técnica profesional.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en cambio, solicitó incorporar a las diferentes instituciones en estas tareas y ejemplificó con el caso de países de Europa y América.
Gobierno plantea sus puntos ante el Cosena
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pidió considerar también como infraestructura crítica las cárceles, para evitar hechos como los ocurridos en Ecuador, donde ocurrió un motín de organizaciones criminales.
En respuesta a las palabras de los representantes de las Fuerzas Armadas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que se ha estudiado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas tengan una protección disuasiva adicional.
Con esto, dijo, se permitiría concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad. Como ejemplos de perímetros de infraestructura crítica a resguardar, la ministra mencionó la Estación Intermodal de La Cisterna, la Estación Central y terminales de buses.
Desde el Ejecutivo dijeron estar de acuerdo en la necesidad de que este tipo de despliegue se haga con una línea de mando bien establecida, con funciones claras y con reglas de uso de la fuerza que definan cuándo se puede hacer uso de ésta, de qué manera, y cuándo no.
Al respecto, Tohá enfatizó en que el gobierno no es partidario en restituir la competencia de la justicia militar en casos en que hay civiles involucrados, pero comparte que se deben validar y aplicar las normas del Código de Justicia Militar que regulan el uso de la fuerza y los deberes militares, normas que complementan el cumplimiento del deber y las demás disposiciones que regulan la responsabilidad penal.
