Luego de que el 2º Juzgado de Garantía acogiera a trámite la querella por injurias y calumnias que presentó la Presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa, este miércoles se conocieron nuevos detalles del escrito.
Al informar sobre la acción judicial emprendida contra el medio de comunicación —que publicó una escucha telefónica en la que el operador de Caval Juan Díaz la implicaba a ella en el caso—, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, señaló que la querella no se presentó como gobernante. La acción la "ejerce la Presidenta en su condición de ciudadana y persona natural", dijo cuando se anunció el recurso.
La oposición, en tanto, instó ayer a Bachelet a explicar con mayor detalle si habrá uso de recursos públicos en la querella, mediante un oficio presentado por parlamentarios de Renovación Nacional. Al presentar ese escrito, el diputado José Manuel Edwards pidió que "cuando la citen a declarar lo haga de manera pública".
Esto último, porque en su calidad de Presidenta de la República, Bachelet tiene el privilegio de poder declarar por oficio y en reserva cuando la Fiscalía lo requiera.
Domicilio en La Moneda y testigos
Más allá del debate generado durante los últimos días, lo cierto es que en la querella presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, se hacen alusiones al cargo que detenta Michelle Bachelet.
En el primer párrafo, por ejemplo, se fija el domicilio de la querellante en "Palacio de La Moneda, calle Moneda sin número, comuna y ciudad de Santiago".
Luego, en la exposición del caso, el escrito redactado por Hermosilla señala que su representada "ejerce un cargo de representación pública como el de Presidenta de la República", el cual supone críticas políticas y escrutinio público que son propias del cargo.
Por último, al momento de introducir la figura de "injurias", Hermosilla indica que la publicación del artículo fue con la intención de "deshonrar, desacreditar y menospreciar la honra" de Bachelet y que "en virtud del cargo que actualmente detenta mi representada, racionalmente hacen que merezcan la calificación de injurias graves".
En el texto también se nombran los testigos presentados por la parte querellante. El primero de ellos es el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz y también se incluye a Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de Bachelet. Ambos fijaron domicilio en el palacio de Gobierno y se argumenta que concurren a entregar "hechos previos, coetáneos y posteriores a la publicación de la nota (...) como de la afectación a la honra" de la mandataria.
El tercer testigo es el asesor comunicacional de la postura chilena frente a la demanda boliviana ante La Haya y periodista, Ascanio Cavallo, quien "depondrá sobre los estándares de exigencia, control y responsabilidad que conlleva el cargo de director de un medio de comunicación social y su estructura editorial, además de los hechos que motivan la presente querella".
Tres años de cárcel
La querella está dirigida contra la revista Qué Pasa, su entonces director Juan Pablo Larraín, el editor general Francisco Aravena y los periodistas Rodrigo Vergara y María José Tapia en calidad de autores.
La Presidenta pide para los querellados una pena de tres años, el pago de una multa de 150 UTM (cerca de $ 7 millones) y las costas del juicio.
