Ayer fue el momento para que Hacienda "bajara" la información entregada a los parlamentarios el lunes, cuando dio respuesta al petitorio de la oposición abriéndose a una serie de compensaciones para destrabar la idea de legislar de la reforma tributaria.
Entre dichas medidas, la cartera mostró disposición a subir de 10% a 19% el Impuesto a los Servicios Digitales (ISD), subir el tope de ventas anuales para ingresar al régimen especial para PYME y acotar a 3 mil UF -desde las 4 mil UF iniciales- el beneficio de exención del IVA en la construcción, entre otros puntos.
En su presentación ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro del ramo, Felipe Larraín, reveló ayer que los ajustes que generarán mayores ingresos al Fisco serán el aporte de 1% de los proyectos de inversión en beneficio de las zonas en las que operan y la restricción del beneficio de IVA para la construcción.
El primer mecanismo reportará en régimen US$ 177 millones, los que se descomponen de lo que percibirán las regiones y comunas donde se emplazan los proyectos de inversión. La cartera explicó que se tomará como base los proyectos con un valor desde US$ 10 millones y los titulares tendrán un plazo de hasta cinco años para realizar el aporte desde el momento que se materializa el proyecto. Dichos recursos pasarán por el erario nacional y serán asignados a la comuna y región respectiva.
Eso sí, a los US$ 177 millones hay que descontarles US$ 48 millones. ¿La razón? El 1% de aporte será considerado por el Fisco como un gasto necesario para producir la renta, por lo que se eximirá del impuesto de Primera Categoría (27%).
La restricción del crédito especial de IVA en la construcción se traducirá en con US$ 106 millones adicionales en relación a la propuesta inicial.
Adicionalmente, el ministro reveló que incrementar desde 10% a 19% el ISD generará recursos por US$ 40 millones por año.
Al defender la decisión -que aún no está zanjada, dijo-, Larraín aseguró que compañías como Netflix, que no están constituidas en Chile, "no pagan impuestos en el país".
"Por ejemplo, Netflix compite con VTR, Direct TV en nuestro país. Las empresas digitales no pueden andar por la libre sin pagar impuestos. En algún momento la economía digital desplazará a la efectiva. Esto en algún momento puede generar un impacto en las finanzas públicas", aseguró.
En el caso del tributo al carbono, calculó que subirlo desde US$ 5 a US$ 6 por tonelada de C02 implicará US$ 50 millones más de recursos.
Cláusula PYME
Uno de los puntos sensibles para la oposición es la apertura de la cartera a subir el tope de ventas anuales para ingresar al régimen simplificado para las PYME. Así, el gobierno simuló dos escenarios: uno en el que pasa de 50 mil UF a 60 mil UF, con un impacto fiscal de US$ 15,3 millones y que beneficiaría a 3.237 empresas; y otro en que el umbral llega a US$ 75 mil UF, escenario en el cual las sociedades beneficiadas totalizarían 6.563 con un costo de US$ 33,5 millones para el Fisco.
Hubo un par de puntos en los que Hacienda pidió más tiempo para calcular el efecto en las arcas públicas: la restricción de la figura del market maker en el mercado bursátil, las rebajas a las contribuciones de los adultos mayores y la posible ampliación de la depreciación semi instantánea e instantánea.
En el caso del market maker, señaló que trabajará las modificaciones con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): "Queremos mantener la exención a las ganancias de capital, pero no queremos que en algunos casos se abuse", dijo.
Respecto al impuesto territorial, Larraín explicó que la medida estará enfocada en mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, con ingresos anuales que no excedan el tramo exento del Global Complementario ($ 652 mil mensuales), lo que engloba a 1,5 millones de personas, y propiedades con destino habitacional con un valor máximo que se determinará. Según Hacienda, 96.270 personas que cumplen los primeros dos requisitos poseen viviendas y pagan contribuciones.
