Tres muertos, más de 200 heridos, 54 días de paro indefinido y una denuncia de soborno: ese es el saldo del último conflicto minero de Perú que llevó al presidente Ollanta Humala a desplegar al ejército en los alrededores de la mina en la región sureña de Arequipa.
En el centro de la polémica está un millonario proyecto de Southern Perú Copper Company (SPCC), principal subsidiaria del Grupo México, para construir la mina de cobre "Tía María".
Los residentes del valle del Tambo, en la provincia de Islay, la mayoría agricultores y ganaderos, consideran que el proyecto arruinará el medio ambiente y dañará la agricultura en el área.
Pero Southern Perú Copper Company asegura que cumplirá con los más altos estándares medioambientales.
Qué está en juego
La subsidiaria del Grupo México prevé invertir US$1.400 millones en el proyecto minero Tía María, que tendrá una proyección estimada de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre desde el inicio de operaciones.
Sin embargo, la compañía mexicana no lo ha tenido fácil desde el principio. En 2011, cuando se anunció el proyecto durante el gobierno de Alan García, Tía María ya originó protestas que dejaron tres muertos y más de 40 heridos.
Estuvo paralizado dos años, hasta que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con el que consiguió que el gobierno de Humala le diera permisos de construcción este año.
Los grupos locales piden ahora que se suspenda porque aseguran que el desarrollo minero contaminará sus campos de cultivo y el agua del río de la zona, el Tambo.
La compañía alega que usará agua de mar desalinizada y un portavoz de Southern Copper llegó a acusar a la población de "terrorismo antiminero".
¿Sobornos?
En medio de los cruces de acusaciones entre la empresa mexicana y los comunarios peruanos, el gobierno de Humala decidió suspender las negociaciones con la filial de la minera mexicana hasta que aclare si tiene alguna responsabilidad en el presunto interno de soborno a líderes comunitarios para que frenaran las protestas.
La polémica surgió después de que se publicara un audio en el que se puede oir a un dirigente comunitario, Pepe Julio Gutiérrez, el principal líder de las protestas, hablar con un abogado al que le planteaba la posibilidad de pedir dinero a la empresa minera para calmar las movilizaciones.
En un comunicado, SPCC rechazó estar negociando con los promotores de las protestas y lamentó la "incorrecta acción" que, dice, "fue ocasionada por terceros ajenos a la organización".
Este viernes, el dirigente Pepe Julio Gutiérrez fue detenido acusado de extorsión y asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber pedido dinero a la minera.
BBC Mundo solicitó a Southern Perú Copper Company una entrevista, pero un portavoz de la compañía señaló que por el momento no darán declaraciones al respecto.
Otros "problemas" del Grupo México
La de Tía María no es la única controversia en la que está metida el Grupo México por sus inversiones en el campo de la minería.
Con Germán Larrea Mota-Velasco como principal accionista -es el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim- la compañía ha estado involucrada en varios accidentes.
Uno de ellos, el derrame el año pasado de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, en Sonora (México), fue considerado por el gobierno como "el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos".
Las sustancias tóxicas llegaron a los ríos Bacanuchi y Sonora y afectaron a miles de personas.
Precisamente esta misma semana, el Grupo México se ha visto envuelto en otra polémica en España luego de que el gobierno de Andalucía anunciase la suspensión de uno de sus proyectos en la mina de cobre, zinc y plomo de Aznalcóllar de manera cautelar por las supuestas denuncias de irregularidades en el proceso de adjudicación.
Sin embargo, la minera aseguró este viernes no haber sido notificada por el momento.
¿Un nuevo Conga?
Las interrogantes el torno al proyecto Tía María hacen preguntarse si no correrá una suerte similar a la del proyecto aurífero de Conga, en Cajamarca, que fue suspendido en 2012 por protestas que dejaron cinco muertos.
El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi, asegura no ver otra solución para este conflicto debido a que las voces por la suspensión o postergación de la explotación minera son mayoritarias y al punto violento al que han llegado las protestas.
Entre las voces que piden la suspensión está la del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.
"Ningún proyecto se puede imponer por la fuerza y menos ejecutar en las condiciones de violencia que se vive en Islay. Creo que debe darse una pausa, generar un espacio, para, primero, apaciguar los ánimos y, segundo, retomar el diálogo", dijo en un comunicado publicado en la página web de la SNMPE.
Gálvez aboga por una pausa "de tres a cuatro meses" que permitiría a los agricultores cosechar y sembrar para paliar las pérdidas del paro y que devolvería "la tranquilidad en Arequipa".
"Hay una situación de punto muerto entre el Estado y las empresas y una desconfianza muy grande de las comunidades locales sobre la capacidad del Estado de hacer cumplir la legislación. No le creen al presidente Humala diga lo que diga y haga lo que haga", le dijo el profesor Panfichi a BBC Mundo.
En este sentido, el analista apunta a que, con elecciones en el horizonte el próximo año, "el proyecto de Tía María en el mejor de los casos será retomado por el próximo gobierno a ser electo".
