"Necesitamos recursos adicionales para financiar la agenda social que anunció el Presidente. Tenemos una enorme responsabilidad con nuestros compatriotas hoy, pero tenemos la misma responsabilidad para con las futuras generaciones. No podemos endeudarnos y pasarle la cuenta a nuestros hijos y nietos". Así inicia la minuta elaborada por el Ministerio de Hacienda -la que fue entregada a algunos parlamentarios del oficialismo- y en la cual se explica los aspectos centrales del acuerdo alcanzado con parte de la oposición para destrabar la reforma tributaria y poder aprobar dicho texto en el Congreso.
El documento de tres páginas, al que tuvo acceso Diario Financiero, señala que "por eso pediremos un esfuerzo adicional, pero lo haremos siguiendo un principio de justicia, diseñando instrumentos que se focalicen en quienes tienen mayores recursos. Todos quienes podamos contribuir en este mayor esfuerzo debemos hacerlo, es un imperativo ético. El grueso de esta recaudación adicional proviene del 1% de las personas de mayores recursos. También harán su aporte adicional las grandes empresas".
La minuta también de cuenta que el nuevo proyecto dejó de lado la reintegración total, uno de los puntos que más discrepancias generaba entre el gobierno y la oposición.
"Se mantiene el grueso del proyecto presentado en 2018, al que se le harán indicaciones para reflejar los nuevos acuerdos alcanzados. En términos fundamentales, no se logró la reintegración de todos los contribuyentes, pero si la reintegración de un millón de Pymes", se sostuvo en el documento.
Agrega que "las grandes empresas se mantienen en el régimen semi-integrado. Se avanzó en uno de los ejes del proyecto original: la simplificación de los regímenes y sus exigencias, en especial para las pymes".
Para recaudar los US$ 1.200 millones se crean dos fuentes nuevas de financiamiento, explica el documento. Primero, "un nuevo tramo del impuesto a la renta del 40% para quienes reciben sueldos sobre los $ 15 millones brutos al mes. Este nuevo tramo gravará al 1% de los contribuyentes de mayores ingresos".
Segundo, "crearemos un impuesto a los activos inmobiliarios de alto valor. La base se estimará con la suma de los avalúos fiscales de cada contribuyente, y tendrá un tramo exento de $ 400 millones".
Al primer tramo, entre $ 400 millones y $ 700 millones, se aplicará una tasa de 0,075%; al segundo tramo, entre $ 700 millones y $ 900 millones, se aplicará una tasa de 0,15%; y al último tramo, por sobre $ 900 millones, se aplicará una tasa de 0,275%.
Precisan que "en caso de las personas, este impuesto gravará a 35.000 contribuyentes, el 1% de los mayores activos inmobiliarios. Del total recaudado sobre las personas, un 80% provendrá del 0,1% de los contribuyentes de mayores recursos. Esto lo convierte en el impuesto más progresivo de nuestro sistema tributario".
Señalan que "ni las pymes, ni los adultos mayores de menores ingresos estarán afectos a este impuesto" y afirman que "no solo es justo que quienes tengan más paguen más, también es justo que quienes tienen lo mismo paguen lo mismo. Por eso el SII fiscalizará los inmuebles que no están regularizados o tienen avalúos menores a lo que deberían".
