Qué observar. El cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), anunciado en agosto de 2024, fue un golpe profundo para la Región del Biobío. Esta decisión ha dejado a más de 1.500 trabajadores directos sin empleo y ha afectado a cerca de 20 mil empleados indirectos vinculados a la cadena productiva de la siderúrgica.
- El mismo día en que Huachipato apagó su horno, el Gobierno lanzó el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, un programa de 32 medidas que busca mitigar los efectos del cierre y reactivar la economía regional. Sin embargo, la recepción del plan ha sido dispar entre los actores políticos y sociales de la región, quienes han expresado tanto apoyos como críticas sobre su efectividad y alcance.
- Sin una cifra de inversión del plan en su conjunto y varias iniciativas que están detenidas por trámites medioambientales, el ministro de Economía, Nicolás Grau, expresó que el plan recogió el conjunto de iniciativas propuestas por los diferentes actores de la región.
- El “Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío”, lanzado por el gobierno, tiene como objetivo enfrentar los desafíos económicos de la región, principalmente derivados del cierre de la Compañía Siderúrgica de Huachipato. Según el gobierno, la iniciativa recoge planteamientos de diversos actores, como las autoridades regionales, sindicatos, sector privado y académico.
- El plan se organiza en cinco ejes estratégicos, que incluyen: Apoyo a empresas proveedoras de Huachipato en riesgo; Reinserción laboral; Aceleración de la inversión pública y privada; Fortalecimiento industrial a mediano y largo plazo; y Recuperación de la producción nacional de acero.
Acusan medidas insuficientes. Si bien los diferentes actores valoran que el Gobierno se diera el trabajo de reunir todas las iniciativas que había en la región en un plan, las expectativas de los líderes locales no han sido cumplidas. A juicio de las autoridades locales, aún queda por ver si las medidas serán suficientes y oportunas para mitigar los impactos económicos que ha dejado el cierre de Huachipato y avanzar hacia una recuperación económica sostenible en la región.
- El senador socialista Gastón Saavedra advirtió que el plan necesita complementarse con medidas más específicas que aborden de manera integral la crisis laboral que enfrentan los trabajadores de Huachipato, en particular aquellos contratistas y tercerizados que carecen de seguridad social ante el cierre. “Es necesario pensar en algo que permita protegerlos. De manera que sea un plan de transición justa para mitigar una pérdida del empleo y todo lo que son sus medios de sustento familiar”, dijo.
- Además, planteó la necesidad de acelerar la implementación de proyectos de infraestructura que han estado en espera durante años y que podrían generar empleo rápidamente. “Hay obras que están esperando durante mucho tiempo, pero que tenemos que ejecutarlas ya, lo antes posible, porque si no, vamos a seguir esperando y no vamos a tener los efectos”, advirtió Saavedra.
La inversión pública, un vacío crítico. Uno de los aspectos más criticados por los actores locales es la falta de claridad en los anuncios de inversión pública. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC) lamentó que el plan gubernamental carezca de una hoja de ruta clara respecto a proyectos clave de infraestructura y seguridad, áreas en las que la región tiene grandes déficits.
- “Esperábamos que para revertir esa situación tuviésemos un anuncio dentro del plan, por ejemplo, un incentivo tributario para que las empresas puedan instalarse en la región del Biobío… Y en esa línea no hubo anuncios, y eso de verdad que nos dejó un gusto a poco”, comentó Aedo.
- El parlamentario también apuntó que la región del Biobío ocupa el décimo lugar en cuanto a inversión privada en el país, un dato alarmante para una región históricamente industrial.
- El diputado criticó la falta de coordinación interna en el Gobierno, especialmente en áreas como el medio ambiente, donde las trabas burocráticas han impedido el avance de proyectos importantes para la región y si esto sigue claramente no verán aumentos en las obras que se requiere. Aedo apuntó directamente al Ministerio de Medio Ambiente por su rigidez a la hora de evaluar proyectos de inversión.
Críticas por la falta de rapidez y medidas concretas. Si bien el plan gubernamental incluye iniciativas como subsidios para la retención y recolocación de trabajadores, así como la flexibilización de obligaciones tributarias para las empresas afectadas, algunos parlamentarios han manifestado su preocupación por la falta de medidas inmediatas que generen un impacto rápido en la región.
- Carolina Parada, gerente general de Irade, la principal corporación que agrupa a las empresas productivas y de servicios de la Región del Biobío, hizo un llamado al Gobierno “a llevar desde hoy el plan a acciones concretas. Pasar del papel a la acción, manteniendo el trabajo colaborativo entre sectores e instalando una gobernanza sólida que evite a toda costa que este plan se vea comprometido por intereses electorales”.
- El diputado Leonidas Romero (RN) fue categórico en su crítica a la lentitud del gobierno para actuar ante el cierre de Huachipato, señalando que “el cierre de Huachipato era una crónica de una muerte anunciada y no entiendo por qué el gobierno se demoró tanto para lograr una solución”. Para Romero, el plan llega tarde y no responde a la urgencia de la crisis: “Hoy día la gente está quedando cesante. Hoy día las pequeñas y medianas empresas que eran proveedores de Huachipato están quedando en la indefensión total”, sentenció.
- El parlamentario también expresó su inquietud por la larga demora en la ejecución de las medidas, lo que podría agravar aún más el desempleo en la región. “Veremos cómo se genera una gran cantidad de cesantes”, advirtió, destacando que la solución planteada por el gobierno, aunque bien intencionada, no es suficiente debido a la tardanza en las decisiones.
Desafíos en el sector pesquero y trabas burocráticas. Otra área de preocupación planteada por Aedo fue el impacto de la nueva ley en tramitación para la pesca, que podría perjudicar tanto a los trabajadores del sector artesanal como a los de la pesca industrial, sectores que generan más de 11.000 empleos en la región. “La ley actual, como se está tramitando, produce un menoscabo a la pesca tanto artesanal como industrial en la región del Biobío, de la cual dependen en total 11.000 empleos”, afirmó el diputado, anunciando la presentación de una modificación legal para asegurar que ambos sectores puedan participar en la captura de jibia para consumo humano.
- A esto se suma la crítica sobre la falta de coordinación en el gobierno, especialmente en áreas como el medio ambiente, donde las trabas burocráticas han frenado el avance de proyectos importantes para la región. “El problema es que vamos a seguir viendo cómo los ministerios involucrados siguen rechazando proyectos o validando las opiniones de ambientalistas, lo que está impidiendo el desarrollo de inversiones”, concluyó Romero.
