Hace ya semanas que el tema del cuarto retiro se tomó el debate político y público en Chile. Menos se ha hablado de que el proyecto que se tramita en la Comisión de Constitución de la Cámara contempla un nuevo adelanto para los pensionados por rentas vitalicias, algo que tiene altamente preocupado al gremio. Al punto que las matrices de las aseguradoras en Estados Unidos pidieron al gobierno de Joe Biden intervenir y elevar su preocupación al G-20. Desde el Congreso chileno siguen atentos estos movimientos, pero con cierta reserva.
Para el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC) las preocupaciones de las aseguradoras de EEUU, por definiciones legislativas internas, deben resolverse por la vía institucional y no debieran politizarse, "ni menos contaminar las relaciones entre gobiernos, como pareciera ser el interés de estas compañías al enviar cartas al Congreso de EEUU y al presidente Biden".
Según se explaya el senador opositor existe una sede institucional para resolver las diferencias entre inversionistas y el Estado, como es el CIADI, por lo que "lo razonable es preferir el camino institucional más que el camino de la politización para resolver diferencias entre inversionistas extranjeros y la legislación propia de cada Estado".
Con un tono mucho más duro analizó el tema el senador PPD Guido Girardi advirtiendo que "hasta donde sé no somos vasallos de los Estados Unidos y menos de las aseguradoras norteamericanas", agregando que aquí hay un problema de soberanía y "nos están amenazando con llevarnos a instancias internacionales", pero que no se puede aceptar esta "presión indebida".
Institucionalidad en tela de juicio
Mientras que para la integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja y una de las principales impulsoras de incluir los adelantos de las rentas vitalicias en los proyectos de retiros, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), resulta "lógico" que desde el punto de vista institucional y corporativo, las compañías de seguros realicen todas las acciones necesarias, tanto nacional como internacionalmente para evitar el avance del proyecto que permite a los jubilados a través del sistema de rentas vitalicias concretar un segundo adelanto.
Sin embargo, a la diputada también le parece "gravísimo que estén colocando en tela de juicio el Estado de Derecho en Chile", por lo que instó al gobierno a aclarar esta situación con las aseguradoras y los organismos internacionales que corresponda, lo antes posible. Pero también anunció que enviará al Congreso de Estados Unidos "las miles de denuncias que hemos recibido en término de la falta de transparencia de las aseguradoras, en los contratos, en los cálculos de las pensiones y en el procedimiento que se realiza, precisamente, para la captura de pensionados".
Adicionalmente, informó que se solicitará a la OCDE, a través del convenio que tiene la Cámara de Diputados con el organismo, que realice una comparación entre las legislaturas de los distintos países que la integran, para "ver la igualdad de trato que debería haber entre los pensionados chilenos y lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa". También espera enviar a Estados Unidos los antecedentes recabados por la comisión investigadora, en relación al mercado de rentas vitalicias en Chile.
Y el socialista Juan Luis Castro desdramatizó la preocupación de las aseguradoras por el avance del proyecto. Según el diputado "las grandes compañías internacionales, que siempre van a tener lucro, van a tener intereses y ganancias, pero el pueblo es otra cosa y la necesidad del pueblo está muchas veces solapada, porque hay una clase media que no está visible, pero está viviendo una pobreza creciente y silenciosa".
Cautela en el oficialismo
En la vereda del oficialismo, esta noticia le provocó a uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, José García Ruminot (RN), dos reflexiones: por un lado, el parlamentario afirma que "no me gusta que decisiones que corresponden a los órganos legisladores de nuestro país, puedan verse afectadas por otras voluntades".
Sin embargo, por otra parte, señala que como colegisladores, los parlamentarios deben asumir que hay materias que tienen incidencia no sólo en nuestro país, sino en el contexto internacional con el que Chile se relaciona. Por lo que "conocer esos límites y actuar en consecuencia es parte de nuestra responsabilidad. No siempre hemos legislado con la rigurosidad que materias delicadas ameritan", sentencia.
Mientras que en una línea muy parecida a la de su par de RN, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma –también integrante de Hacienda – sostiene que conceptualmente "me importa que los temas que tienen efecto en Chile se resuelvan en el marco de la institucionalidad chilena y ese es un principio al que siempre se debe aspirar".
Sin perjuicio de lo anterior, añade que es evidente que "cuando hay decisiones que se toman al margen de la institucionalidad y que son tan contrarias a lo que precisamente los expertos en materia de responsabilidad contractual plantean uno corre ese riesgo".
Por lo que, a su juicio, "es la hora de que quienes condujeron al país, con sus votaciones, a estos efectos, desoyendo los consejos de quienes planteaban que cualquier cambio en esta materia tenía que hacerse conforme a otra institucionalidad, que den la cara".
Desde su punto de vista, "obviamente podemos estar frente a un problema, a mí me genera rechazo que se instalen estas lógicas nacionales en círculos externos, pero obviamente hay que hacer una evaluación crítica respecto de cómo se toman las decisiones":
Mientras que para el diputado Jorge Alessandri, también gremialista, "llorar ahora sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es no seguir cometiendo el mismo error", porque a su juicio, Chile "está entrando al club de los países pocos serios que cambia las reglas a la mitad" y si bien esos países siguen existiendo, tienen cada día menos inversión extranjera y no son de fiar respecto a sus reglas de intercambio.
