Suena raro que alguien diga "no me bajen los impuestos". Más aún si se trata de más de 400 magnates que le envían una carta al Congreso de Estados Unidos pidiéndole a los legisladores que les mantengan la carga impositiva.
Son altos directivos de empresas, dueños de compañías, emprendedores, médicos, abogados y una serie de personas con gigantescas fortunas que argumentan que si les reducen sus impuestos "aumentará la inequidad" en un momento en que la deuda del país es alta y la desigualdad social está en uno de sus peores niveles desde la década de 1920.
La carta, firmada por personalidades como George Soros, Steven Rockefeller, Ben Cohen, Jerry Greenfield, Eileen Fisher y muchas otras personas que forman parte del 5% más rico del país fue dada a conocer públicamente en momentos en que los republicanos debaten los detalles de una ley anunciada por el presidente Donald Trump en abril de este año.
"No creo que que hayamos creado una reforma para bajarle los impuestos a los ricos. Si alguien obtiene una rebaja de impuestos, a mi no me molesta", dijo Gary Cohn, el jefe de Consejo Económico de la Casa Blanca, en una entrevista con la cadena CNBC.
"Todo en nuestro sistema impositivo está hecho para incentivar la inversión", agregó.
El debate ha entrado en la recta final. El Senado y la Cámara de Representantes han puesto sobre la mesa las propuestas de reforma impositiva que esperan aprobar a mediados de diciembre.
Con ese plazo encima, muchos ven estas semanas como la última oportunidad para influir de alguna manera en lo que finalmente aprueben los republicanos, quienes en esta ocasión votarían alineados, de acuerdo con lo que se conoce públicamente.
"Si mi renta sube, no voy a invertir más"
Los firmantes de la carta, una iniciativa de la organización "Riqueza Responsable", dicen que las compañías estadounidenses han registrado ganancias a niveles récord y que los millonarios no necesitan más dinero.
Por el contrario, aseguran que están dispuestos a que se los suban, si el dinero es invertido en áreas como educación, investigación o infraestructura, o para asegurar la permanencia programas públicos de salud destinados a los más desfavorecidos económicamente.
"Tengo una gran renta. Si mi renta sube, no voy a invertir más. Simplemente voy a ahorrar más", dijo Bob Crandall, exdirector ejecutivo de American Airlines.
Los republicanos "dicen que no pueden permitirse gastar dinero, pero a la vez, pueden permitir que los ricos tengan una gran rebaja de impuestos. Esto no tiene sentido".
Impuesto sobre la herencia
Aunque las iniciativas de reforma tributaria del Senado y la Cámara de Representantes tienen varias diferencias, ambas reducen los tributos a una gran cantidad de millonarios.
Los magnates que critican la reforma se refieren específicamente a la propuesta de eliminar el estate tax o impuesto sobre la herencia, que sólo se paga sobre los activos que valen más de US$5.49 millones, que han sido recibidos por los herederos de una fortuna.
Se calcula que unas 5.000 familias pagan este tributo en la actualidad.
"Solo recortando el impuesto a la herencia se perderían cerca de US$269.000 millones en 10 años, más que el presupuesto combinado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia de Protección Ambiental", dice la carta.
¿Quién paga la cuenta?
En septiembre Trump presentó su reforma fiscal como "el mayor recorte fiscal de la historia de Estados Unidos".
El plan no deja de ser un misterio, dado que se ha propuesto reducir los impuestos a los más ricos y bajar la carga a las empresas y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de vida de la clase media y las personas con menores ingresos.
Pero lo que muchos analistas se preguntan es quién pagará la cuenta.
La reforma de la Casa Blanca plantea una rebaja del impuesto de sociedades del 35% al 20%; una reducción del tope para las rentas más altas del 39,6% al 35%, y duplica el mínimo exento, que actualmente es de US$12.000 anuales en el caso de una pareja en la que ambos están empleados.
Además, incluye medidas para repatriar capital y una simplificación de los tramos fiscales, que pasan de siete a tres (12%, 25% y 35%).
El principal argumento del gobierno es que una fuerte rebaja impositiva genera suficiente crecimiento económico para compensar su efecto sobre las arcas públicas en el mediano plazo.
Sin embargo, los demócratas han advertido que finalmente la factura de la reforma la terminarán pagando los programas sociales.
Algunos estudios publicados elaborados por expertos, como el think-tank Tax Foundation, han calculado que la puesta en marcha de la reforma puede costarle al erario una disminución de hasta US$5 mil millones en 10 años.
Un agujero inmenso que juega en contra de los intentos republicanos para reducir el déficit, calculado en un 3,2% del PIB, y la deuda pública, superior al 82% del PIB.
Se trata de una gran discusión de enfoques económicos con proyecciones que suben y bajan, pero a nivel político, lo que va quedando en la discusión pública son los eslóganes que republicanos y demócratas intentan defender frente a una reforma que tendrá un profundo impacto en la vida de las personas durante los próximos años.
