En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC), decidió declarar la inaplicabilidad a una de las normas vigentes de la Ley Emilia que obliga a los condenados por los delitos que regula a permanecer un año en la cárcel para solicitar cumplir el resto de la condena en libertad.
Después de un análisis se concluyó que seis requerimientos podrían ser resueltos por el organismo y dos están a la espera de ser revisados. Éstas solicitudes buscan que la misma resolución que las presentadas por el abogado Juan Carlos Manríquez, quien logró por primera vez la inaplicabilidad de esta norma en el 2014. Caso donde se condenó a un conductor que ignoró un ceda el paso, atropelló a un peatón y siguió hasta el hogar de su madre, lugar desde donde llamó a carabineros para reportar el hecho.
Tras el fallo, los jueces determinaron que “en un Estado democrático, las penas privativas de libertad se utilizan como último recurso, después de que esté plenamente establecido que el uso de otros mecanismos resulta insuficiente para sancionar las conductas delictivas más graves”.
Según el abogado Manríquez “esta sentencia da cuenta de que las penas excesivas en los sistemas desproporcionadamente represivos se contraponen con un Estado democrático de derecho y con el respeto de las garantías, tanto de víctimas como de posibles victimarios”.
Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, sostuvo que “desde que salió el fallo de diciembre hemos estado tratando de hacer gestiones a nivel legislativo y con agentes del Estado para tratar de solucionar esto. Este lunes tenemos una reunión con el presidente del TC, para que veamos en qué va la cantidad de requerimientos. Nos preocupa el tema”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Patricio Zapata afirmó que “si han salido varios fallos en una misma dirección, el TC puede a tomar la decisión de declarar inconstitucional una ley”. Además, agregó que “hay dos posibilidades para eso: por acción pública, es decir, cualquier persona puede pedirlo, o de oficio, o sea, que proceda el propio tribunal”.
Mientras el Tribunal Constitucional busca la inaplicabilidad a las normativas de la Ley Emilia, en forma paralela se solicitó el mismo procedimiento a la ley que establece las penas sustitutivas y restrictivas de libertad en relación a la Ley de Control de Armas. La que determinaría que todos los que detenidos por ese delito esperen la sentencia del juez en la cárcel.
