Hace cinco años se instaló la toma conocida como “Altos de Rucalhue”, en el sector de Horcón, comuna de Puchuncaví. Los habitantes del lugar acusan que llegaron al lugar con la promesa de que en un futuro serían propietarios, lo cual es negado por los verdaderos dueños del terreno.
Reportajes T13 reveló que la toma cuenta con conserjes que resguardan el ingreso al lugar. Adentro se ubican más de 200 viviendas de material sólido, algunos cuentan hasta con piscina y tienen acceso a la playa.
Los conserjes tienen prohibido confirmar que Marisol Lagos, la dirigenta de “Altos de Rucalhue”, vive ahí. T13 accedió a un audio en que un portero dice “acuérdense de que si viene prensa y preguntan por Marisol, ella no vive acá (…) al que venga hay que decirles que no está no más”.
Garbiñe Ardantza es miembro del grupo de ex funcionarios de Carabineros que son propietarios del terreno de 16 hectáreas, y que interpuso una querella por el delito de usurpación contra Lagos, su pareja Cristián Reyes y otros líderes de la toma.
“Somos un grupo de 81 personas originalmente que pretendíamos tener nuestra segunda vivienda frente al mar, somos personas de clase media, esforzadas, que estuvimos por años pagando cuotas por este predio ¿Por qué vamos a permitir que nos sea usurpado por delincuentes?”, declaró Ardantza a T13.
¿Quién es la dirigente de la toma VIP?
Quienes están a cargo de la toma cobrarían un precio por instalarse en el lugar, además los residentes deben pagar gastos comunes siendo que están “colgados a la luz”. Los habitantes aseguran que fueron engañados por Marisol Lagos.
“(Prometieron) que esto iba a ser de nosotros, que íbamos a comprar, a dar un pie, que íbamos a pagar en cuotas. (Fue) Marisol, la que estaba a cargo de este proyecto, pero nosotros fuimos engañados”, afirmó uno de los residentes.
16 habitantes de la toma interpusieron querella contra Marisol Lagos por delito de estafa y denuncian que desde ese entonces han sido víctimas de amenazas. Según el relato del residente, hay gente que ha pagado entre 6-8 millones por vivir en el lugar.
Además, Marisol dijo que habría negociado con los dueños y mostró una foto a los habitantes para acreditar la supuesta compra, sin embargo, esta información fue negada por los verdaderos propietarios.
La Fiscalía de Quintero ha investigado una denuncia de usurpación. A esto se suma la querella de Chilquinta, la empresa eléctrica por el robo de luz. Pero en julio pasado, se decretó la suspensión condicional del procedimiento contra Lagos.
Según un comunicado de la Fiscalía, Marisol debe cumplir con ciertas condiciones para que no vuelva a abrirse el proceso en su contra: fijar un domicilio, pagar un millón de pesos a Chilquinta por el robo de la luz y abstenerse a frecuentar la toma. Sin embargo, los habitantes dicen que la mujer sigue viviendo en el lugar y que ellos continúan pagando por los gastos comunes.
