El 10º Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella presentada por Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, el ministro de Interior Víctor Pérez, el general director de Carabineros Mario Rozas, y todos quienes resulten responsables de la muerte de Aníbal Villarroel, en Pedro Aguirre Cerda.
Los hechos buscan que se investigue una eventual responsabilidad de las autoridades, ya sea en la calidad de autores del delito, o como cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión.
La muerte de Villarroel se produjo en la población La Victoria, donde vivía, el pasado 18 de octubre en el marco de protestas sociales que se realizaron en distintos puntos del país, a modo de conmemoración del estallido social de 2019.
Según especifica la querella, en las inmediaciones de la calle Departamental cerca del pasaje Eugenio Matte se produjo un despliegue de Carabineros de Chile provistos de carros lanza-aguas; lanza-gases y buses de transporte de personal uniformado.
“Alrededor de las 23.00 horas, y en circunstancias que la víctima y sus amigos se encontraban refugiados tras un poste de luz, ubicado en calle Departamental entre los pasajes Eugenio Matte y Raúl Fuica (…) un carro lanza-gases hace ingreso por pasaje Matte, intempestivamente se abren las puertas del carro, quienes se encuentran en ese lugar, Aníbal y Bastián Salamanca, se percutaron disparos desde dicho vehículo policial, uno de los que impacta de forma directa a las víctimas”, relata la denuncia.
“Aníbal fue impactado en el extremo superior izquierdo, luego, es auxiliado por vecinos de la población, quien fue llevado al CESFAM y SAPU Amador Neghme, donde posteriormente se constataría que los disparos le habrían causado su muerte”, agrega.
La acusación también ahonda en los protocolos de acción de Carabineros en las distintas protestas sociales y acusa también a la institución de no auxiliar al herido.
“Es relevante señalar, que ningún funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar, fue a prestar ayuda. Estos hechos se enmarcan en una sistemática y permanente política de represión ejercida por el Estado de Chile y sus agentes, resultando masiva y generalizada a partir del mes de octubre del año 2019 a la fecha, desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales del sistema de protección de los Derechos Humanos, registrándose más de 8.500 denuncias por vulneraciones cometidas en contra de personas inocentes”, dice el documento.
