Esta semana se conoció que una estudiante de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes se suicidó tras denunciar acoso por parte de sus profesoras.
Se trata de Catalina Cayazaya Cors, quien se quitó la vida el 16 de marzo dejando una carta a su madre pidiéndole disculpas por no "resistir tanto dolor".
"Pasó los primeros 4 años sin problemas, querida por sus pares y profesores. Hasta que en 2022 inició el internado. En un lugar donde está normalizado el maltrato a los internos en las carreras de la salud", contó la madre de la joven. Ahí comenzaron los malos tratos por parte de la profesora que cumplía el rol de tutora.
De acuerdo con la denuncia, las autoridades de la universidad decidieron citar por separado a las alumnas que respaldaban a Catalina, acusándolas de mentirosas e incluso habrían sido amenazadas con ser suspendidas del internado. Debido a eso, la joven presentó su primera licencia psiquiátrica, pues estaba “destruida y sin esperanzas.
Con respecto a la denuncia realizada por la madre de la estudiante, el superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, señaló a Radio Universo que "tenemos que ver si los mecanismos que tiene la universidad para resolver estos conflictos son efectivos, si son capaces de tomar las medidas necesarias para revertir las situaciones que se han planteado, y si podemos ver alguna manera de evitar que este tipo de circunstancias vuelvan a ocurrir".
Con respecto a posibles sanciones, Salazar afirmó que las multas contra la casa de estudios pueden llegar hasta las 10 mil UTM (un poco más de 650 millones de pesos) si se abre un proceso sancionatorio.
"Hay que entrevistar a todo el mundo, tratar de ver en qué lugares ocurrió todo esto, revisar las alertas y mecanismos que funcionaron o no, y el conjunto de normas de la carrera, de la facultad y de la universidad", agregó.
