Por Paula Comandari
“No se pueden comparar espinos con personas”. Esa fue la frase que utilizó uno de los vecinos de la Comunidad Ecológica de Peñalolén para explicar por qué él está a favor de que en un terreno colindante se construya Antupirén 10.001, un proyecto de viviendas sociales para 360 familias, que les dará casas a personas que hoy viven en mediaguas en esta zona y que esperan que este nuevo lugar cambie su calidad de vida para siempre.
El proyecto, que ya cuenta con su permiso de edificación y de resolución ambiental, comenzó el movimiento de tierras y tala de árboles a comienzos de enero y para mediados de mes tenía agendada la “ceremonia de la primera piedra”, en una iniciativa cuyo plan de reforestación había sido aprobado por la Conaf. Pero un grupo de 13 vecinos montaron en cólera con el nuevo proyecto. Consideran que esta zona cordillerana tiene un plan regulador que permite una cierta cantidad de habitantes por hectárea, y que esta iniciativa rompería en varias veces esa ecuación, dañando seriamente el medioambiente.
Además consideran que la empresa a cargo del plan social no ha cumplido con las normativas, y ha cortado árboles a diestra y siniestra sin un correcto diseño. Eso los llevó a dar esta batalla: presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, que dictó una orden de no innovar, y por lo mismo el proyecto se encuentra paralizado.
Los bandos
Quienes viven aquí están completamente divididos. Eduardo Guiesen es uno de los 200 vecinos que firmó a favor de la construcción de Antupirén, aun cuando ha sido un férreo opositor de otras iniciativas inmobiliarias. De hecho, fue él quien lideró el grupo que logró frenar la tala de bosques en un proyecto de alto standard de la constructora Pocuro, sobre la Comunidad Ecológica, a fines del 2019. Pero en este caso respalda la iniciativa por un tema de prioridades. “Éste no es un negocio, es la solución habitacional que cientos de familiaa ya tienen en sus planificaciones de vida, cuentan con esto, y esperan acceder a una vida mejor para ellos y sus hijos”, dice.
La Junta de Vecinos, que cuenta con casi 2000 miembros, también apoya la iniciativa, y estarían intermediando con los que se oponen al proyecto, para buscar una salida que permita darles tranquilidad, y lograr así bajar la resistencia.
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Desde el mundo urbanístico hay varios que derechamente critican a quienes rechazan el proyecto. Porque según el arquitecto Iván Poduje, por ejemplo, detrás del argumento ambiental y su solicitud de vivir en un lugar libre de contaminación hay un tema de profundo clasismo. “La Comunidad Ecológica de Peñalolén siempre se ha resistido a cualquier tipo de proyecto, incluso a la solución que hace 10 años planteó Claudio Orrego, cuando intentó relocalizar a personas de la toma en otro terreno de la comuna, y no se pudo porque varios vecinos reclamaron”, recalca Poduje.
Otros ponen el énfasis en la contradicción que hay detrás de este movimiento de oposición, señalando que si la Comunidad Ecológica apoya la sustentabilidad, no debiera olvidarse que uno de sus pilares fundamentales es precisamente la equidad territorial, un tema en el cual esta comuna está al debe.
El martes pasado el titular de Vivienda, Cristian Monckeberg, desembarcó en el “terreno de la discordia”, y se reunió con los dirigentes de los distintos comités porque la idea es lograr un entendimiento. De lo contrario, en el ministerio están analizando la posibilidad de llegar a la Corte Suprema. Porque, aseguran, no descansarán hasta ver construidas las viviendas.
