Jacqueline van Rysselberghe, exsenadora y expresidenta de la UDI que fue contratada en abril pasado como médico psiquiatra por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, llevó a cabo un peritaje al condenado en el caso San Rosendo-Laja, en la región del Biobío, José Jacinto Otárola Sanhueza, por crimen de lesa humanidad durante la dictadura.
La situación ha generado polémica, ya que en un comienzo se había señalado que la exsenadora no intervenía en causas de DDHH y el informe podría permitir que Otárola saliera de la cárcel para cumplir en la casa el resto de su condena.
Ahora, el SML ordenó hacer un sumario administrativo para esclarecer por qué se le encargó la tarea a van Rysselberghe.
¿Qué dijo el SML?
La Dirección Nacional del SML declaró este miércoles a través de un comunicado que “tal y como fue informado en su oportunidad, la profesional fue contratada con el fin de realizar solamente peritajes considerados como “brechas” de entre 2018 y 2022 para casos criminales. Los peritajes vinculados a violaciones de DD.HH. en dictadura no corresponden a dicho Plan de Brechas”.
“Por tal motivo, esta Dirección Nacional ha instruido la realización de un sumario administrativo para esclarecer las razones por la que fue asignado este peritaje a la mencionada profesional, y para determinar las posibles responsabilidades en esta situación”, añade el escrito.
Finalmente, el organismo anunció que “a contar de esta fecha la Dirección del Servicio ha determinado que todas las causas de violaciones a los Derechos Humanos, y los peritajes solicitados, sean coordinados desde el nivel central de la institución, a través de la Subdirección Médica”.
